Equipo Local de Coordinación Norte de Santander
De OCHA Colombia Wiki
| Composición | |
| Colíderes | Humanitario: OCHA - Contrucción de paz y desarrollo: PNUD |
| ONG Internacionales | Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Global Communities, Terre des hommes, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) |
| ONG Nacionales | CRC, Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), SNPS |
| Agencias SNU | PMA, ACNUR, ONUDDHH, OIM, UNDSS, Misión Política de la ONU en |Colombia. |
| Observadores | CICR, MAPP-OEA |
| Actividades | |
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| Contacto | |
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Dirección: Avda. 4E # 6 - 61 Barrio Sayago | Cúcuta, Norte de Santander - Colombia |Teléfono: (57-7) 5778669 Ext. 130 | Correo-e: nortedesantander@umaic.org | |
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Norte de Santander es uno de los más grandes de Colombia con 25 organizaciones activas: 10 agencias ONU y 15 Ong´s internacionales, organizaciones locales y 2 observadores. Se destaca como prioridades del plan del trabajo del ELC, la coordinación para generar atención integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales de respuesta especialmente en los sectores de agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición y protección. Se promueve la interlocución con entes como la UARIV y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados en la respuesta.
Contexto Humanitario y Retos
- El Equipo Local de Coordinación (ELC) ha identificado al Catatumbo, incluyendo la provincia de Ocaña, el Área Metropolitana de Cúcuta y la Zona de Frontera como áreas de preocupación humanitaria. Con el proceso de paz, mientras las FARC-EP han salido del escenario de confrontación, se ha dado una reconfiguración territorial en la que otros grupos como el frente Libardo Mora del EPL (denominado por el gobierno: "Los Pelusos") y el ELN han aumentado su participación en acciones bélicas con consecuencias para la población civil como desplazamientos masivos, homicidios selectivos, secuestros, amenazas a contratistas, personal médico, líderes sociales, profesores, funcionarios públicos, población LGBTI, ciudadanos venezolanos, entre otros. Así mismo, persisten las acciones unilaterales contra infraestructura petrolera generando un impacto el medio ambiente.
- En el área metropolitana de Cúcuta, zona de frontera y el municipio de Tibú se ha intensificado el accionar de los grupos armados posdesmovilización (GAPD) especialmente los Urabeños (conocidos también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) y los Rastrojos, mediante amenazas a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, homicidios selectivos, extorsiones, disputa con grupos armados no estatales por el control territorial de las rutas del narcotráfico e hidrocarburos, y desplazamientos intraurbanos, consecuencias humanitarias que por las condiciones de seguridad, el bajo nivel de denuncias por parte de las víctimas y dificultades de acceso a la información, se encuentran invisibilizadas.
- El flujo de ciudadanos retornados desde Venezuela continúa en aumento durante 2016 y 2017, en condiciones de subregistro. Por lo menos 65 mil ciudadanos venezolanos permanecen en el territorio colombiano. En Norte de Santander persiste el incremento de personas con perfil migratorio (colombianos retornados/deportados/expulsados, venezolanos solicitantes de refugio o vulnerables) en asentamientos humanos especialmente en los municipios fronterizos, donde se ubican familias retornadas y familias venezolanas o mixtas con barreras e impedimentos para acceder a bienes y servicios de primera necesidad. Así mismo, se destacan serias dificultades que enfrentan los ciudadanos venezolanos para regularizar su situación en Colombia, y la de sus hijos, afectando el acceso a derechos principalmente el derecho a la educación y a la salud.
Desplazamiento Forzado
El desplazamiento individual ha sido una constante en el departamento, con un aumento significativo entre 2010 y 2015. En 2016, el desplazamiento individual disminuyó cerca de un 34% con un total de 4.315 víctimas , y el desplazamiento masivo bajó cerca de un 48% en relación con 2015 en la región del Catatumbo. Pese a esta importante disminución, se destaca una dinámica cada vez más intra-urbana e inter-veredal como resultado de la mayor intensidad de la confrontación armada en los cascos urbanos. Cinco desplazamientos masivos registrados por OCHA en 2016, estuvieron asociados a acciones contra Fuerza pública y combates producto de la reorganización del EPL en el territorio, registrándose un total de 1.409 víctimas, impactando a 449 mujeres y niñas, y generando necesidades en educación en emergencia, salud mental y protección. Los municipios más afectados son Teorama, El Tarra, Sardinata, y San Calixto. En lo corrido de 2017, se registra 1 evento asociado a la presencia de Grupos armados posdesmovilización en zona rural de Teorama.
Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos remanentes de guerra (ERG)
Norte de Santander es el quinto departamento con mayor frecuencia de accidentes por MAP y MUSE- a nivel nacional y hace parte de los cinco departamentos que concentran el 53% de los eventos por MAP y MUSE reportados a nivel nacional. De acuerdo con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), entre 1990 y el 28 de febrero de 2017, 233 civiles (28 mujeres 205 hombres) y 572 miembros de la Fuerza Pública han sido víctimas de minas antipersonal en este departamento. Por lo general, los grupos armados no estatales usan estos artefactos explosivos para proteger los corredores estratégicos y cultivos ilícitos, para bloquear vías de acceso y caminos en veredas con el fin de obstaculizar las operaciones militares y limitar la movilidad de la población. El uso de estos explosivos ha repercutido en la seguridad alimentaria, educación, agua potable y otros servicios básicos. El desminado humanitario aún no se ha llevado a cabo en este departamento y persisten barreras de acceso a los sistemas de salud para los pacientes víctimas de estos artefactos.
Niños, Niñas y Jóvenes en conflicto armado
Como consecuencia del conflicto armado los niños, niñas, adolescentes se encuentran expuestos a riesgos que incrementan su vulnerabilidad, como la contaminación por MAP/MUSE, el reclutamiento, uso y vinculación por parte de los grupos armados, el desplazamiento forzado, el confinamiento y la explotación sexual. En 2016 por lo menos 21.937 niños y niñas se vieron afectados por restricciones de acceso a la educación, servicios y a la movilidad en Norte de Santander, relacionados con paro armado del ELN, y eventos MAP/,MUSE/AEI. Se mantienen los ataques a instituciones educativas y amenazas a profesionales de la salud en el Catatumbo, afectando la prestación del servicio a NNA especialmente en Teorama, Hacarí y San Calixto. Se evidencian necesidades de educación en emergencia, salud mental y protección. Persisten vacíos de información asociadas a las condiciones de seguridad y el temor de las comunidades para denunciar casos de reclutamiento de NNA y por ende vacíos en la respuesta. Sin embargo, las acciones del ELC están dirigidas a fortalecer la respuesta enfocada a la educación en emergencia, uno de los factores principales de riesgo. Adicionalmente, los NNA provenientes de Venezuela hijos de colombianos retornados o de padres venezolanos se enfrentan a barreras que impiden el acceso a la educación y otros derechos, convirtiéndose este en un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de ser reclutados y/o vinculados a economías ilegales del departamento.
Indígenas / Comunidades Étnicas
La Comunidad indígena Motilón Barí, que se encuentra ubicada al norte del departamento, es la comunidad indígena que más se ha visto afectada por el impacto del conflicto y de la violencia armada, a través del confinamiento, la presencia de MAP/MUSE, el reclutamiento forzado de sus niños y niñas, la violencia sexual contra mujeres y niñas y la inseguridad alimentaria. Desde julio de 2013 esta comunidad denunció las violaciones permanentes de sus derechos fundamentales y las infracciones al DIH, declarándose en crisis humanitaria. El Pueblo Uwa, con presencia en el municipio de Toledo en norte de Santander y en los departamentos de Boyacá y Arauca, mantiene un espacio de diálogo con el gobierno nacional y Ecopetrol por las afectaciones a su territorio ancestral. En el caso de Norte de Santander las afectaciones más notables se deben a la operación de la planta de gas de Gibraltar de propiedad de Ecopetrol. Como consecuencia de incumplimientos a acuerdos preexistentes, en junio de 2016, en el marco de la Minga campesina y étnica popular, el pueblo Uwa restringió el relevo de operadores de la planta durante varias semanas, hasta que se avanzara en los acuerdos pactados.
Confinamiento y Acceso humanitario
En lo corrido de 2017, se han registrado 8 eventos de restricción al acceso a bienes y servicios afectando a cerca de 18.872 personas debido a acciones bélicas y uso de artefactos explosivos principalmente. En 2016, OCHA registró 38 eventos de confinamiento y restricciones a la movilidad, al acceso a bienes y servicios en los que se vieron afectadas cerca de 41.095 personas especialmente en el Catatumbo. Estas restricciones son producto de los combates entre la Fuerza Pública y grupos armados no estatales, hostigamientos, bloqueos de vías, presencia de MAP/MUSE, ataques a infraestructura petrolera, infracciones a la misión médica y contaminación por MAP.
Desastres naturales
En 2017, la principal amenaza son las fuertes lluvias, que han hecho que se incremente el caudal de los ríos Pamplonita, Táchira y Zulia lo que ha ocasionado inundaciones y deslizamientos, generando emergencia en especialmente en los municipios de Pamplona, Puerto Santander, Tibú, Cúcuta, Villa del Rosario, El Zulia, Cácota y Toledo. Se ha registrado afectación de viviendas en zonas de alto riesgo, pérdida de cultivos de pan coger, y afectación en las vías limitando la movilidad de los pobladores. En el barrio Primero de marzo del municipio San Calixto, 81 personas (21 familias) han sido afectadas por deslizamientos que se registran desde la primera semana de abril de 2017. La situación de riesgo continúa por lo que parte de la población ha tenido que ser evacuada. Colapsaron 5 viviendas y por lo menos 20 se encuentran afectadas.
Frontera
El flujo de colombianos retornados de Venezuela y ciudadanos venezolanos continúa en aumento. Según datos de migración Colombia, por lo menos 65 mil venezolanos permanecen en territorio colombiano. Aunque se ha brindado atención a través de la Red Migrante en el marco de la Ley 1565 de 2012, preocupa las condiciones de subregistro de estas personas, sumado a la falta de claridad sobre los beneficios y cómo las personas que retornan pueden acceder a ellos. Adicionalmente, la ley solo contempla las personas que regresan voluntariamente quedaría excluidas aquellas que han retornado por ser objeto de medidas administrativas que para el caso de Venezuela ocupan un porcentaje importante. No obstante, al igual que la regularización el Estado colombiano no cuenta con medidas expeditas que permitan dar respuestas a las solicitudes de las personas que lo requieren. La presencia de población migrante en el departamento especialmente venezolanos que han salido de su país por las condiciones sociales, económicas y políticas, en condición de irregularidad generado por la baja flexibilidad de la ley migratoria en cuanto a requisitos y costos, aspecto que favorece el subempleo, la explotación laboral, la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. Adicionalmente, persisten las barreras para el acceso a la educación y a la atención médica de los menores. Se destaca que ante las condiciones de vulnerabilidad, en monitoreos que realiza el ELC, se ha evidenciado la llegada de ciudadanos venezolanos a la región del Catatumbo que se han insertado en las economías ilegales especialmente en la raspa de coca y el contrabando de gasolina. Esta población se encuentra bajo amenaza del EPL, quienes han reiterado en varias oportunidades que deben salir de la región.
Para más información de análisis inter-agencial sobre Norte de Santander, consultar el Briefing Departamental
Última modificación: 2017/07/12