Córdoba
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Datos departamentales1: |
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Indicadores Humanitarios |
Córdoba es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está localizado al norte del país, en la Región Caribe. Limita al norte con el Mar Caribe, al nororiente con el Departamento de Sucre y al sur con el Departamento de Antioquia. Fue creado en 1952 y su capital es Montería.
Mensajes Clave
• Desde 2010 se ha evidenciado un incremento en los niveles de violencia armada en el departamento que han generado consecuencias humanitarias para la población civil. Los municipios de sur de Córdoba (Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia y San José de Uré) son los más afectados.
• La dinámica de la violencia armada en la región se atribuye principalmente al conflicto territorial entre las FARC-EP y grupos armados post-desmovilización (GAPD) que compiten por el control de corredores estratégicos y economías ilícitas, Sin embargo en algunas zonas se han hecho evidentes pactos de no agresión y cooperación para el tráfico de drogas hacia la costa Caribe. El sur de Córdoba es también escenario de grandes proyectos extractivos. Estos factores han contribuido a una mayor militarización de la zona y al incremento de las confrontaciones armadas, en particular en la sub-región del Nudo de Paramillo, donde se estableció una Fuerza de Tarea Conjunta.
• Las amenazas y violencia contra líderes de procesos de restitución de tierras y sus familiares son una de las mayores preocupaciones del EHL y representan una amenaza para el proceso en esta zona del país. Otras consecuencias de la violencia armada en la zona incluyen la violencia sexual basada en género (VSBG), accidentes con explosivos, restricciones a la movilidad, confinamiento y desplazamiento forzado individual y masivo. Preocupa también alto sub registro de reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en actividades relacionadas con el conflicto (cultivos de coca, minería ilegal, explotación sexual, transporte de armas y elementos de guerra).
Contexto General
Situación política de seguridad
1. La dinámica del conflicto armado en Córdoba ha sido caracterizada por la presencia del EPL y las FARC-EP. Asimismo, en el departamento se han conformado grupos paramilitares que se transformaron en otras formas de violencia, tras el proceso de desmovilización entre 2003 - 2006. En la actualidad operan en la zona al menos tres frentes de las FARC-EP con actividades relacionadas con la cadena de producción y transformación de coca. A estos se atribuye la colocación de minas antipersonal, reclutamiento, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad de las poblaciones en su área de influencia. En el departamento, tras el proceso de desmovilización de estructuras paramilitares, algunos segundos mandos de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, retomaron las armas y configuraron Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD). Entre 2008 y 2012, la presencia de estos grupos en Córdoba se habría incrementado en un 67%, pasando de estar presentes en 15 municipios del departamento, a tener actividades en 25 de los 30 municipios de Córdoba3. Los Rastrojos y Los Urabeños, serían los grupos con mayor presencia y actividad en el departamento4. Estos grupos también estarían desarrollando actividades relacionadas con el narcotráfico, su control territorial y social se basa en la extorsión, despojo de tierras, desplazamiento forzado y reclutamiento, entre otras actividades, en ocasiones a través de acuerdos con las FARC-EP.
2. La influencia en política ejercida en el pasado por los grupos paramilitares en Córdoba, sigue afectando a las instituciones locales, situación que tiene consecuencias en el acceso efectivo de las poblaciones a servicios y asistencia básica y de calidad.
3. La implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras supone un desafío mayor en Córdoba. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, desde 2011 a la fecha han sido asesinados once líderes reclamantes de tierras, tres de ellos en 2013 y uno en lo corrido de 2014.
Contexto Humanitario y Retos
4. Desplazamiento Forzado
Según el monitoreo de desplazamiento masivo realizado por OCHA y el Equipo Humanitario Local, durante 2013 se presentaron al menos nueve eventos de desplazamiento masivo que afectaron a cerca de 1.000 personas, todos estos eventos ocurrieron en el municipio de Tierralta al sur del departamento, en la región del Nudo de Paramillo. En lo corrido de 2014, se han presentado dos desplazamientos masivos en el municipio de Puerto Libertador, Esta dinámica persiste desde 2012. Confrontaciones armadas, homicidios selectivos y otros ataques contra la población civil han sido las principales causas de los desplazamientos masivos en Córdoba; las FARC-EP y Los Urabeños serían los principales responsables de estos actos. En la región son comunes los desplazamientos interveredales, en particular de comunidades indígenas Zenú y Embera Katío, sin embargo en la mayoría de casos estos eventos no se denuncian por temor.
5. Según datos del Registro Único de Víctimas, en 2013 se incluyeron 8.740 víctimas del desplazamiento forzado en el departamento (individual y/o masivo) y al mes de septiembre de 2014 se han presentado 1.487 nuevas víctimas. Existe información comunitaria e institucional donde se indica la ¨prohibición¨ de que la población se desplace de forma masiva y si lo hacen de manera individual que sea sin declarar los hechos, debido a que para los actores armados no estatales esto es sinónimo de denuncia. Dicho fenómeno dificulta la obtención de datos cuantitativos sobre el alcance de la problemática del desplazamiento, así como la activación de la ruta de asistencia-atención fijada en la ley de víctimas.
6. Preocupa la efectividad de las acciones de prevención y respuesta al desplazamiento forzado. Zonas del departamento son afectadas de forma reiterada por esta problemática sin que se tomen medidas eficaces para su prevención. En el caso específico de los desplazamientos masivos, los municipios han señalado su débil capacidad para atención inmediata, y en algunos eventos, como en zonas de Tierralta, han manifestado que existen limitaciones de acceso para las instituciones estatales
7. Minas Antipersonal (MAP), Munición sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)
Según cifras oficiales5, en 2013 se presentaron 17 víctimas de MAP/MUSE en Córdoba, seis de ellas civiles, en donde el municipio de Tierralta concentró el 95% de las víctimas. Al mes de octubre de 2014 se han presentado 4 nuevas víctimas6, tres de las cuales fueron en Puerto Libertador y una en Tierralta. Este ultimo municipio del sur del departamento, ubicado en la estratégica zona del Nudo Paramillo, concentra cerca del 50% de todas las víctimas de MAP/MUSE en Córdoba desde 1990. En esta zona las minas han sido usadas para resguardar corredores estratégicos y zonas de cultivos de coca. La contaminación por armas es una de las principales causas de desplazamiento y de restricciones a la movilidad. La comunidad indígena Emberá Katio del Alto Sinú, ubicada en zona rural del municipio de Tierralta, ha sido una de las más afectadas debido a la presencia de explosivos en zonas destinadas para pescar, sembrar o cazar, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. Este riesgo también ha restringido el acceso de actores humanitarios en algunas zonas. Organizaciones locales estiman que existe subregistro en el número de víctimas debido a que en muchas ocasiones no se denuncian los eventos. El EHL ha identificado como necesidad prioritaria la difusión y conocimiento a nivel comunitario de las rutas institucionales de atención y asistencia, y actividades de educación en el riesgo de minas.
8. Niñez y conflicto armado
Ante el fortalecimiento de los GAPD y las nuevas estrategias de control territorial de los grupos armados no estatales, es de preocupación para la comunidad humanitaria el reclutamiento y uso de NNAJ en actividades relacionadas con el conflicto armado. Sin embargo, no se cuenta con cifras que puedan soportar estas observaciones. Un indicador de la problemática es la cifra reportada por el SAT de la Defensoría del Pueblo: sólo entre septiembre de 2012 y marzo de 2013 se documentaron 30 casos de reclutamiento forzado en un corregimiento del municipio de Tierralta. Para el año de 2014 según Defensoria del Pueblo se ha incrementado el sub registro de estos casos, tanto asi que no existen cifras oficiales, sin embargo se sostiene la hipótesis de una abstinencia a declarar estos casos por temor de las comunidades ante retaliaciones de los GAPD y/o las FARC, además de evitar posteriores procesos de judicialización o verse inmersos en procesos de investigación penal que según las comunidades podría ponerlos en mayor riesgo ante los actores del conflicto. Otro factor que hay que tener en cuenta además de la permanente presencia y contacto con los grupos armados, es que existen otros factores estructurales que propician el reclutamiento y la vinculación de NNA, entre ellos las dificultades para ingresar o permanecer en el sistema educativo, la ausencia y/o baja permanencia de profesores, pobreza crónica, limitado a acceso a servicios y oportunidades laborales.
En 2013, las limitaciones de acceso a la educación fueron de gran preocupación para la comunidad humanitaria. Alrededor de 600 maestros dejaron de presentarse a trabajar en seis municipios del sur de Córdoba debido a amenazas sistemáticas, extorsiones, deficiencias en la infraestructura y retrasos de contratación. Esta situación afectó a cerca de 18.000 estudiantes que no tuvieron clases durante la mayor parte del año escolar. De igual manera, en el mes de mayo de 2014 circularon dos panfletos amenazantes en el municipio de Puerto Libertador, generando temor en el cuerpo de docentes y directivos de las Instituciones Educativas, padres de familias y estudiantes, lo cual condujo a que como medida de seguridad se suspendieran las clases en el municipio por aproximadamente dos meses, afectando así a cerca de 10.000 niños, niñas y adolescentes del casco urbano y rural. La contaminación por explosivos en los senderos que conducen a las escuelas desalienta aún más la asistencia de los alumnos, así como la falta de agua potable
9. Comunidades Indígenas
La población indígena de Córdoba está compuesta por cerca de 150 mil personas7, pertenecientes a las etnias Embera y Zenú, que se agrupan en tres resguardos. Estas comunidades han sido las más afectadas por el conflicto en 2013, el 54% de las personas desplazadas en eventos masivos pertenecían a estas comunidades8. Las intervenciones CERF 2013-2014 que se desarrollan actualmente en Tierralta, buscan responder a las situaciones de confinamiento, limitaciones a la movilidad y desplazamientos forzados que la comunidad Embera ha sufrido en los últimos dos años, además de incrementar su capacidad de preparación y resiliencia ante estos eventos. En 2012, cinco líderes Embera fueron asesinados Tierralta, y según datos de la Secretaría de Salud Departamental, se registraron siete suicidios y 16 intentos de suicidio de miembros de esta comunidad, presuntamente asociados a las presiones sobre el territorio y las limitaciones a la libre movilidad. AL 2014 se han presentado 2 casos de suicidios en menores de edad en esa misma comunidad, directamente relacionados por presiones del actor armado no estatal9.
10. Confinamiento y Acceso Humanitario
Desde enero de 2013, OCHA y los Equipo Humanitario Locales (EHL) iniciaron un ejercicio de seguimiento y monitoreo de limitaciones al acceso humanitario10 y confinamiento11. En Córdoba, se han identificado situaciones crónicas que afectan en particular a poblaciones en los municipios del sur del departamento: San José de Uré, Tierralta, Montelíbano, y Puerto Libertador. En estas zonas, según el análisis derivado del EHL de Córdoba, al menos 30.000 personas en su mayoría indígenas, han visto limitada su movilidad por el riesgo de contaminación por MAP, presencia permanente de grupos armados no estatales y GAPD que intimidan e imponen limitaciones de movimiento a la población y de bienes e insumos. Estas situaciones afectan significativamente la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades. En 2014, la disminución del nivel de los ríos por la temporada seca, ha impedido la navegación por varios ríos limitando el acceso a comunidades indígenas remotas. Esta limitación, sumada a la posible presencia de MAP en la zona, ha implicado retrasos importantes en la operación humanitaria.
11. Violencia Sexual Basada en Género (VSBG)
La violencia sexual es empleada de manera sistemática y generalizada por los grupos armados no estatales y GAPD. El EHL ha recibido reportes de situaciones de violencia sexual contra niñas y mujeres atribuidos a las FARC-EP y a GAPD, en los municipios de Tierralta, Montelíbano, La Apartada, Planeta Rica, Valencia y Puerto Libertador. Los GAPD han sido acusados de cometer actos de violencia sexual, y de crear y controlar redes de explotación sexual y tráfico de personas. La ausencia de cifras fiables sobre esta problemática, es en parte consecuencia de la falta de denuncia por parte de las víctimas por temor y falta de garantías en cuanto a protección, desconfianza en los agentes estatales, y en muchas ocasiones por desconocimiento de rutas de denuncia y atención.
12. Desastres naturales
Según las cifras reportadas por la UNGRD12, en 2013 resultaron afectadas 29.651 personas por desastres naturales y al mes de octubre de 2014 esta cifra asciende a 58.626 personas, principalmente por inundaciones, avalanchas y vendavales. El departamento es propenso a inundaciones y a temporadas de sequía por las altas temperaturas, a pesar de la previsibilidad de estos eventos, son recurrentes las afectaciones en varias zonas del departamento, señalando la necesidad de acciones efectivas de preparación, prevención y operativización de planes de contingencia, además de la atención a las emergencias. Es de especial preocupación la situación del municipio de Ayapel, desde la temporada de lluvias de 2009-2010 parte del municipio permanece inundado y cerca de 2.000 familias aún no han tenido respuesta definitiva a esta afectación.
COORDINACIÓN
13. El EHL ha priorizado su acción y respuesta en zonas de difícil acceso, donde la presencia estatal es limitada, y en situaciones de emergencia generadas por el conflicto armado o desastres naturales. Actualmente, las acciones de organizaciones del EHL benefician a cerca de 320.000 personas en los municipios del sur de Córdoba y la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, que comparte la misma dinámica. Los objetivos principales del EHL para 2014, se concentran en: 1.Fortalecer la respuesta a las emergencias (Implementación de protocolos de respuesta, MIRA), 2.Priorización territorial y sectorial para fortalecer la acción integral, 3.Fortalecer la comunicación y visibilización de la situación humanitaria, 4. Fortalecer la coordinación con la institucionalidad implicada en la respuesta humanitaria (UARIV, SAT, Defensoría del Pueblo y autoridades locales).
Financiamiento Humanitario en Córdoba2
Fecha de Actualización: Febrero 2015
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Referencias
1 Fuentes: (1) DANE. (2) PNUD – Cálculos INHD 2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares DANE. (3) DANE - BOLETIN DE PRENSA (Febr. 28, 2013). (4) UARIV. (5) CODHES. (6) PAICMA. (7) SIGPAD. (8) OCHA SIDIH/Monitor.
3 Fuente: Indepaz, VIII Informe sobre grupos narcoparamilitares 2012. Agosto, 2013.
4 Fuente: Ídem.
5 DAICMA: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
6 DAICMA: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
7 DANE, censo 2005.
8 UARIV
9 SEDESALUD 2014, Oficina de salud mental.
10 Limitación al acceso se refiere a la capacidad de los actores humanitarios para acceder a una zona o población para prestar asistencia humanitaria, o para las poblaciones para acceder a asistencia humanitaria, bienes y/o servicios básicos. Ver: http://bit.ly/1eKiTiB
11 Confinamiento se refiere a una situación donde está limitada la movilidad de la población y se restringe el acceso al menos a tres bienes y/o servicios básicos, durante un periodo de una o más semanas.
12 UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.