Buenaventura (Valle del Cauca)

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Datos Municipales
•Alcalde Municipal: Bartolo Valencia Ramos
• Población: 384.504, 83,61% Afrocolombianos/ 0,82% Indígenas. (Estimado 2013)(1)
• Tasa de desempleo: 63,7 % (2010) (2)

<u</u>Indicadores Humanitarios<u</u>
•Total acumulado PDI: 143.959(1996-2013)(3)/ 69.915 (1999-2012)(4).
• PDI 2013: 13.468 (2013)(3) / 6.198 (2012)(4). Masivos OCHA: 6.765 (2013) 969 (a marzo 20 de 2014)(9) .
• Confinamiento: 2.035 (2013)(5)
•Víctimas MAP/MUSE/AEI(6): 22 (1996-2013).
•Eventos MAP/MUSE(6): Accidente: 4 / Incidente: 3 (2013)
•Personas bajo línea de pobreza: 62,7% (2006)(7).
•Personas bajo línea de indigencia (menos de US$1.25/ día): 20% (2006)(7).
•Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): 35,85% (2012)(1).
• Tasa de mortalidad infantil: 30,69/1.000 nacidos vivos (2010)(1).
• Afectados por desastres naturales: 22.804 (2012) / 13.216 (2013)(8).

Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, es una ciudad de Colombia ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Es el puerto marítimo más importante de Colombia por el volumen de carga que mueve (más del 60% del comercio del país). Se ubica en las coordenadas Plantilla:Coord. Dista 115 km por carretera de Cali y 119 km de la ciudad de buga y está separada de ella por la Cordillera Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la ciudad más grande en toda la región del Pacífico y el municipio de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca.

Mensajes claves

La presencia histórica de las FARC en Buenaventura desde la década de los noventa, el accionar de las AUC al terminarse la década y la reconfiguración del conflicto armado después de la desmovilización de los grupos paramilitares y el afloramiento de grupos posdesmovilización (GAPD), han intensificado las consecuencias humanitarias por conflicto armado en Buenaventura. A pesar de ser el principal puerto marítimo de Colombia y la segunda ciudad del departamento de Valle, Buenaventura se destaca por los altos índices de Pobreza, Desempleo e impactantes consecuencias humanitarias del Conflicto armado. A pesar de su particularidad, los Indicadores muestran cómo la dinámica del conflicto bonaverense se está difundiendo en otras áreas del departamento, incluida la capital del departamento del Valle del Cauca, Cali.

Las comunidades Afrodescendientes e Indígenas son las principales afectadas por Desplazamientos intraurbanos y rurales, representan el 95,3 % y el 4,7 % de las víctimas respectivamente. La recurrencia del fenómeno ubica al municipio como el mayor expulsor de habitantes y en el que se presentan más desplazamientos interurbanos, en su mayoría causados por los Grupos posdesmovilización (GAPD).

La pugna entre los GAPD reforzó las fronteras invisibles en los barrios, obstaculizando la libre movilidad y acceso a servicios sociales a las poblaciones. Los miembros de organizaciones sociales y territorios colectivos reciben ataques y amenazas, la comunidad sufre continuas violaciones a la Resolución 1612 y Violencia basada en género. Sin embargo, la falta de un completo reconocimiento de los GAPD como Actores del conflicto y la incapacidad o falta de voluntad institucional para responder a las emergencias ha producido una invisibilización de la crisis, que agudiza las necesidades humanitarias, desampara a las víctimas y retrasa los procesos de prevención y atención a las emergencias.

CONTEXTO GENERAL

Situación política y de seguridad

Político

La debilidad institucional en Buenaventura se refleja en la incapacidad gubernamental para responder a las Necesidades básicas de la población y a las consecuencias humanitarias de la violencia armada. Para el 2006, el 62,7% de la población se encontraba por debajo de la Línea de pobreza y el 20% por debajo de la Línea de indigencia. El índice de desempleo es de 63,7 % (Cámara Comercio de Buenaventura) y supera la media del país, que es del 9 % según DANE. Los megaproyectos urbanísticos se enfocan en intereses económicos portuarios más que en el desarrollo social. Para las elecciones de 2014 el municipio fue declarado en riesgo extremo por posible intervención de los actores armados. En marzo de este mismo año el Gobierno Nacional decidió delegar una gerencia para una intervención política, social y de seguridad, ante el aumento de la violencia que supera la capacidad de las autoridades locales y el llamado de la sociedad civil.

Seguridad

Por su estratégica ubicación geográfica, Buenaventura se consolidó inicialmente como escenario de confrontación de las FARC-EP. Desde el 2007, luego de las desmovilizaciones paramilitares, empiezan a incursionar diversos grupos conformados por exintegrantes de actores paramilitares. La Defensoría del Pueblo reportó que las desapariciones aumentaron para el 2012 el 50% más que en 2011, y para 2013 se registraron 39 nuevas denuncias. Además, Buenaventura ocupó en el 2013 el cuarto lugar por homicidios en el Valle del Cauca y el primer lugar por desplazamiento forzado. La multiplicidad de Actores armados, el control ejercido por GAPD, el tráfico de sustancias ilícitas, presencia de crimen organizado, Extorsiones y Control social son algunos de los factores generadores de inseguridad en Buenaventura. Estas dinámicas llevaron a la Defensoría en enero del 2013 a calificar al 35 % de los barrios de la ciudad como zonas de riesgo. Entre enero y marzo de 2014 el Instituto de Medicina Legal reportó 144 homicidios, lo equivaldría a dos homicidios al día, muchos de ellos producto del conflicto entre GAPD.

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS

Desplazamiento Forzado

Según la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) en Buenaventura hubo 142.015 personas desplazadas entre 1998 y 2013. Comparado con el acumulado nacional que es de 5.015.849, Buenaventura representa el 2,8 % de los desplazamientos en el país. Según reportes de la misma entidad, fue entre 2010 y 2012 el primer municipio expulsor en Colombia y el que tuvo más desplazamientos intraurbanos. El número de personas desplazadas entre 2011 y 2013 ha tenido un crecimiento acelerado a causa de los enfrentamientos o amenazas de los GAPD o de las FARC y la Fuerza Pública. En 2011 hubo 1.389 personas desplazadas; 2012, 5.556 personas, y para 2013 fueron 6.765 personas. Este crecimiento registro se relaciona con la fuerte disputa de los GAPD por el control del territorio . En lo corrido de 2014 se han desplazado 990 personas afrocolombianas en cuatro eventos (2 rurales y 2 intraurbanos). Esta cifra duplica la registrada para el mismo periodo en el 2013 cuando ocurrieron 2 eventos con 545 personas desplazadas. Estas emergencias se caracterizan por ser intraurbanas, de difícil seguimiento y sin acompañamiento a los retornos. Entre las principales preocupaciones del EHL son las demoras en el proceso de valoración y registro de los desplazados, especialmente de los casos individuales o los provocados por los GAPD, lo que ha retrasado la atención humanitaria de emergencia y la activación de rutas de protección, además la falta de albergues para alojar a las víctimas.

Minas antipersonal (MAP), Munición sin explotar (MUSE) y Artefactos explosivos improvisados (AEI):

Buenaventura registra pocos casos de uso de MAP/MUSE y AEI, en comparación con el resto del departamento. Tanto en el 2012 como en el 2013 hubo 5 ataques con explosivos, afectando principalmente a edificaciones de instituciones o infraestructura protegida, especialmente torres de energía. En ambos años los principales ataques ocurrieron en zona rural, en el 2012 se registraron 3 casos y 5 en el 2012, la mayoría de ellos contra torres de energía. Situación similar se registra en las operaciones de Desminado militar. En el 2012 la Fuerza Pública realizó 12 al registrar peligros en zonas rurales. El 2013 disminuyeron los operativos a cuatro operaciones de desminado (PAICMA).

Niñez y conflicto armado:

El Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, mayoritariamente por GAPD, está entre las principales consecuencias humanitarias del conflicto y la Violencia armada en Buenaventura. El Comité Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado priorizó al municipio por cumplir con 10 de los 11 factores que ponen en riesgo a la población infantil. El fenómeno se ubica principalmente en las comunas 12, 10, 5 y . Aunque existe un subregistro de los casos, se conoce que los GAPD han exigido que los padres entreguen a los menores de 14 años como informantes y a los mayores de 14 como combatientes y les ofrecen a cerca de $800.000 pesos (400 dólares) por su vinculación . Estas amenazas de reclutamiento han desencadenado desplazamientos individuales y colectivos y aumento de la deserción escolar. Por protección algunas familias se han dividido, enviando a los jóvenes a otros barrios o fuera de la ciudad mientras el resto de integrantes permanece bajo riesgo.

Minorías étnicas

Comunidades Indígenas

Las comunidades indígenas representan solo el 0,7% de la población del municipio. En las zonas rurales y urbanas se encuentran los pueblos Embera Chamí, Inga, Nasa, Eperara Siapidara y Wounan. Se ubican principalmente en comunidades en el Bajo Calima, el Bajo San Juan y el Río Naya, además de cauces de ríos y cercanías de las vías principales. Su situación humanitaria es preocupante, especialmente la de la comunidad Nasa, que constituye el 4,7 % (317 personas) de la población desplazada durante el 2013 . Esta tendencia no se registraba desde el 2011 cuando los grupos paramilitares forzaron el desplazamiento de 97 personas del resguardo de Santa Rosa de Guayacana, etnia Wounan.

Comunidades Afrocolombianas

En el municipio operan organizaciones étnicas de las que se destacan el Proceso de Comunidades Negras (PCN) con presencia más fuerte en la zona urbana y rural, consejos comunitarios asociados a FECOVA y ACADESAN, que agrupa a las comunidades del río Calima, el río San Juan y sus afluentes. Sus acciones se direccionan hacia la integración del Enfoque diferencial en la atención humanitaria de emergencia y políticas públicas, aunque han manifestado un retroceso por la falta de reconocimiento de las autoridades locales y nacionales, los cambios de mandatarios y de metodologías políticas (ACNUR), y las divergencias entre ellas mismas. En el 2013, el PCN denunció el asesinato de un líder del Consejo Comunitario de La Caucana y a su vez las comunidades del Bajo Calima reportaron constantes violaciones a su territorio ancestral con panfletos, restricciones y presiones de la Fuerza Pública, ante el reclamo por la venta de lotes y la construcción de una bodega de contenedores de una multinacional en propiedad colectiva.

Confinamiento y Acceso Humanitario

En la zona rural el control de los grupos armados no estatales restringe la movilidad de las comunidades, fenómeno que se ha vuelto recurrente en las comunidades del litoral pacífico del país. Estas restricciones han afectado las actividades productivas, genera Inseguridad alimentaria, limita el acceso a servicios fundamentales, como salud, educación y atención humanitaria. Durante los primeros meses del 2013 bajo las órdenes de Los Rastrojos y Los Urabeños se produjo un Confinamiento y se limitó la ayuda humanitaria para 10 comunidades en la zona del Bajo San Juan y Bajo Calima, lo que afectó a cerca de 2.000 indígenas y afrocolombianos. En el casco urbano los enfrentamientos entre GAPD han creado fronteras invisibles entre los barrios y calles que restringen las actividades laborales, el transporte, la asistencia a las escuelas y prácticas culturales. El impacto y la magnitud de este problema ha quedado invisibilizado debido a la dificultad que enfrentan las organizaciones y autoridades locales para ingresar a los territorios y reportar los hechos.

Violencia Sexual Basada en Género (VSBG)

Las mujeres de Buenaventura están expuestas a riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales o políticas y sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos. Reciben amenazas por impedir el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, por sus relaciones reales o presuntas con miembros de los grupos armados y el incumplimiento de normas de comportamiento impuestas por estos (Defensoría del Pueblo 2013). Aunque persiste el subregistro, estos riesgos se han materializado en Homicidios, violencia sexual, Desplazamiento forzado y Desaparición. En 2012, se presentaron siete casos de asesinatos de mujeres, 6 cadáveres fueron hallados desmembrados y se denunció una desaparición forzada, todos los hechos fueron relacionados con el conflicto armado (PCN 2013). En el 2013 se registraron 14 asesinatos de mujeres, dos de lideresas sociales. A marzo de 2014 se han registrado 13 casos. La constante de estos hechos llevó a que lideresas del municipio denunciaran el fenómeno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2013, adicionalmente la Fiscalía General de la Nación anunció la creación de una unidad especializada para la violencia de género en el municipio. La Defensoría del Pueblo también ha registrado que las niñas y adolescentes, especialmente en las comunas 2, 5, 7, 11 y 12, son obligadas a prostituirse o a tener relaciones sexuales forzadas para proteger a sus familias de miembros de los GAPD.

Desastres naturales

Buenaventura cuenta con numerosos barrios nacidos como asentamientos urbanos en bajamar, sin canalización de aguas, alcantarillado ni servicios básicos, lo que aumenta el riesgo de afectación ante amenazas de origen natural, especialmente inundaciones, vendavales y deslizamientos. Durante 2013 por lo menos 13.216 personas fueron afectadas por estas emergencias, una baja con respecto al 2012 cuando se registraron cerca de 22.800 damnificados por desastres de origen natural (UNGRD). Según la Dirección de Gestión de Riesgos, la ola invernal 2010–2011 afectó al menos a 14.400 personas en Buenaventura. Las más afectadas fueron las comunidades de los ríos San Juan, Cajambre, Naya y Anchicayá. Esta emergencia evidenció las debilidades institucionales en prevención, consolidación de información, análisis de necesidades, coordinación interinstitucional y la necesidad de un enfoque diferencial en la atención a la población. Las inundaciones de los ríos Raposo, Anchicayá, Yurumanguí y Cajambre en temporada de lluvias son habituales, situación que se agrava por la extracción indiscriminada de minerales. Para diciembre de 2013 se registraron crecientes en estos ríos, que afectaron a 1600 habitantes de las comunidades ribereñas. Desde 2011, OCHA está acompañando el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres en los simulacros para atender el riesgo de tsunami y en diciembre de 2013 realizó una misión conjunta de evaluación de necesidades MIRA ((Multi-Cluster Initial Rapid Assessment) a las zonas rurales afectadas por las crecientes.

COORDINACIÓN

Además del EHL Valle del Cauca - Cauca que cubre al municipio, se ha promovido un espacio local de coordinación (Comité Interinstitucional Humanitario - CIH) en el que participan agencias y ONG que operan en el municipio, vinculando también a organizaciones locales y al Ministerio Público. Actualmente participan en este espacio ACNUR, OACNUDH, Defensoría del Pueblo, Heartland Alliance, PMA, OCHA, PCN, Servicio Jesuita para Refugiados, Pastoral Social, Pastoral Afro, Solidaridad Internacional, y MSF-F y CICR como observadores.

Prioridades de financiamiento:

El EHL definió como prioritario el acompañamiento multisectorial a las comunidades rurales y urbanas afectadas por restricciones a la movilidad y desplazamientos intraurbanos durante el 2013 y que continúan en riesgo en el 2014, dado que la asistencia estatal entregada fue insuficiente y aún persisten necesidades humanitarias y de recuperación temprana. Las comunas 2, 3, 4 (zona de bajamar) y 6, 9, 12 de Buenaventura también son prioritarias por su vulnerabilidad dados los vacíos en protección (riesgo de revictimización con amenazas o nuevos desplazamientos), presencia de GAPD y la ausencia institucional.

Presencia operativa del Equipo Humanitario Local

HUMANITARIAN FINANCING CERF and ERF (USD)