Córdoba

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Datos Departamentales: • Gobernador:Alejandro LyonsMuskus • Población:1.683.782(2014). 13,2% Afrocolombianos / 10,4% Indígenas. (Estimado 2013)(1) • Índice de Desarrollo Humano: 0,798(2010)(2) • PIB: $ 11.744 millones (2012pr) / PIB Per Cápita: $7.193 millones (2012) (1) • Coeficiente de GINI: 0,556 (2011)(2) • Índice de concentración de la tierra: 0,83 (2011)(2) • Tasa de desempleo: 8,6 (2013)(3)

Indicadores Humanitarios: • Total acumulado PDI: 217.289 (1996-2013)(4) / 129.040 (1999-2012) (5) • PDI: 5.060 (2013)(4).Masivos OCHA:951 (2013)(8) • Víctimas MAP/MUSE: 255 (1990-2013)(6)/ 17 (2013)(6) • 'Eventos MAP/MUSE: Accidentes 14 / Incidentes20 (2013)(6) • Personas bajo línea de pobreza: 61,5% (2011)(1) • Personas bajo línea de indigencia (menos deUS$1,25/ día): 27% (2011)(1) • Necesidades básicas insatisfechas (NBI): 59,1% (Junio 2012)(1) • Tasa de mortalidad infantil: 25,48 /1.000 nacidos vivos (2010)(1) • Afectados por desastres naturales: 85.493 (2012)(7) / 29.651 (2013) (7)

 • Desde 2010 se ha evidenciado un incremento en los niveles de violencia armada en el departamento con importantes consecuencias humanitarias para la población civil. Los municipios de sur de Córdoba (Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Valencia y San José de Uré) son los más afectados.

• La dinámica de la violencia armada en la región se atribuye principalmente al conflicto territorial entre las FARC-EP y grupos armados post-desmovilización (GAPD) que compiten por el control de corredores estratégicos y economías ilícitas. El sur de Córdoba es también escenario de grandes proyectos extractivos. Estos factores han contribuido a una mayor militarización de la zona y al incremento de las confrontaciones armadas, en particular en la sub-región del Nudo de Paramillo, donde se estableció una Fuerza de Tarea Conjunta.

• Las amenazas y violencia contra líderes de procesos de restitución de tierras y sus familiares son una de las mayores preocupaciones del EHL y representan una amenaza para la restitución de tierras en esta zona del país.Otras consecuencias de la violencia armada en la zona incluyen la violencia sexual basada en género (VSBG), accidentes con explosivos, restricciones a la movilidad, confinamiento y desplazamiento forzado individual y masivo. Preocupa también el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en actividades relacionadas con el conflicto (cultivos de coca, minería ilegal, explotación sexual, transporte de armas y elementos de guerra).

CONTEXTO GENERAL

Situación política y de seguridad

1. La dinámica del conflicto armado en Córdoba ha sido caracterizada por la presenciadel EPL y las FARC-EP. Asimismo, en el departamento se han conformado grupos paramilitares que se transformaron en otras formas de violencia, tras el proceso de desmovilización entre 2003 - 2006. En la actualidad operan en la zona al menos tres frentes de las FARC-EP con actividades relacionadas con la cadena de producción y transformación de coca. A estos se atribuye la colocación de minas antipersonal, reclutamiento, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad de las poblaciones en su área de influencia. En el departamento, tras el proceso de desmovilización de estructuras paramilitares, algunos segundos mandos de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, retomaron las armas y configuraron Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD). Entre 2008 y 2012, la presencia de estos grupos en Córdoba se habría incrementado en un 67%, pasando de estar presentes en 15 municipios del departamento, a tener actividades en 25 de los 30 municipios de Córdoba . Los Rastrojos y los Urabeños, serían los grupos con mayor presencia y actividad en el departamento . Estos grupos también estarían desarrollando actividades relacionadas con el narcotráfico, su control territorial y social se basa en la extorsión, despojo de tierras, desplazamiento forzado y reclutamiento, entre otras actividades, en ocasiones a través de acuerdos con las FARC-EP.
2. La influencia en política ejercida en el pasado por los grupos paramilitares en Córdoba, sigue afectando a las instituciones locales, situación que tiene consecuencias en el acceso efectivo de las poblaciones a servicios y asistencia básica y de calidad.
3. La implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras supone un desafío mayor en Córdoba. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, desde 2011 a la fecha han sido asesinados diez líderes reclamantes de tierras, tres de ellos en 2013.

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS

Desplazamiento Forzado:

Según el monitoreo de desplazamiento masivo realizado por OCHA y el Equipo Humanitario Local, durante 2013 se presentaron al menos nueve eventos de desplazamiento masivo que afectaron a cerca de 1.000 personas, todos estos eventos ocurrieron en el municipio de Tierralta al sur del departamento, en la región del Nudo de Paramillo. Esta dinámica persiste desde 2012. Confrontaciones armadas, homicidios selectivos y otros ataques contra la población civil han sido las principales causas de los desplazamientos masivos en Córdoba; las FARC-EP y Los Urabeños serían los principales responsables de estos actos.Son comunes los desplazamientos interveredales, en particular de comunidades indígenas Zenú y EmberaKatío, sin embargo en la mayoría de casos estos eventos no se denuncian por temor.
Según datos preliminares del Registro Único de Víctimas, en 2013 se incluyeron al menos 5.060 nuevas víctimas del desplazamiento forzado en el departamento (individual y/o masivo). La cifra de personas expulsadas en 2013 puede seguir aumentando considerablemente durante los primeros meses de 2014, teniendo en cuenta los plazos de declaración e inclusión establecidos por la ley,especialmente por los cambios en la normativa que desde mayo de 2013 permiten que las víctimas de GAPD.Estos cambios podrían ser muy evidentes en esta región del país, por el alto nivel de actividad de los GAPD.
Preocupa la efectividad de las acciones de prevención y respuesta al desplazamiento forzado. Zonas del departamento son afectadas de forma reiterada por esta problemática sin que se tomen medidas eficaces para su prevención. En el caso específico de los desplazamientos masivos, los municipios han señalado su débil capacidad para atención inmediata, y en algunos eventos, como en zonas de Tierralta, han manifestado que existen limitaciones de acceso para las instituciones estatales.

Minas Antipersonal (MAP), Munición sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI):

Según cifras oficiales , en 2013 se presentaron 17 víctimas de MAP/MUSE en Córdoba, seis de ellas civiles. El municipio de Tierralta concentró el 95% de las víctimas. Este municipio del sur del departamento, ubicado en la estratégica zona del Nudo Paramillo, concentra cerca del 50% de todas las víctimas de MAP/MUSE en Córdoba desde 1990. En esta zona las minas han sido usadas para resguardar corredores estratégicos y zonas de cultivos de coca. La contaminación por explosivos es una de las principales causas de desplazamiento y de restricciones a la movilidad. La comunidad indígena EmberáKatio del Alto Sinú, ubicada en zona rural del municipio de Tierralta, ha sido una de las más afectadas debido a la presencia de explosivos en zonas destinadas para pescar, sembrar o cazar, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. Este riesgo también ha restringido el acceso de actores humanitarios en algunas zonas. Organizaciones locales estiman que existe subregistro en el número de víctimas debido a que en muchas ocasiones no se denuncian los eventos. El EHL ha identificado como necesidad prioritaria la difusión y conocimiento a nivel comunitario de las rutas institucionales de atencióny asistencia, y actividades de educación en el riesgo de minas.

Niñez y conflicto armado:

Ante elfortalecimiento de los GAPD y las nuevas estrategias de control territorial de los grupos armados no estatales, es de preocupación para la comunidad humanitaria el reclutamiento y uso de niños/as en actividades relacionadas con el conflicto armado. Sin embargo, no se cuenta con cifras que puedan soportar estas observaciones. Un indicador de la problemática es la cifra reportada por el SAT de la Defensoría del Pueblo: sólo entre septiembre de 2012 y marzo de 2013 se documentaron 30 casos de reclutamiento forzado en un corregimiento del municipio de Tierralta.Además de la permanente presencia y contacto con los grupos armados, existen otros factores estructurales que propician el reclutamiento y la vinculación de NNA, entre ellos lasdificultades para ingresar o permanecer en el sistema educativo, la ausencia y/o baja permanencia de profesores, pobreza crónica, limitado a acceso a servicios y oportunidadeslaborales.
En 2013, las limitaciones de acceso a la educación fueron de gran preocupación para la comunidad humanitaria. Alrededor de 600 maestros dejaron de presentarse a trabajar en seis municipios del sur de Córdoba debido aamenazas sistemáticas, extorsiones, deficiencias en la infraestructura y retrasos de contratación. Esta situación afectó a cerca de 18.000 estudiantes que no tuvieron clases durante lamayor parte del año escolar. La contaminación por explosivos en los senderos que conducen a las escuelas desalienta aún más la asistencia de los alumnos, así como la falta de agua potable.

Comunidades Indígenas:

La población indígena de Córdoba está compuesta por cerca de 150 mil personas , pertenecientesa las etnias Embera y Zenú, que se agrupan en tres resguardos. Estas comunidades han sido las más afectadas por el conflicto en 2013, el 54% de las personas desplazadas en eventos masivos pertenecían a estas comunidades. Las intervenciones CERF 2013-2014 que se desarrollan actualmente en Tierralta, buscan respondery a las situaciones de confinamiento, limitaciones a la movilidad y desplazamientos forzados que la comunidadEmbera ha sufrido en los últimos dos años, además de incrementar su capacidad de preparación y resiliencia ante estos eventos. En 2012,cincolíderes Emberafueron asesinados Tierralta, y según datos de la Secretaría de Salud Departamental, se registraron siete suicidios y 16 intentos de suicidio de miembros de esta comunidad,presuntamente asociados a las presiones sobre el territorio y las limitaciones a la libre movilidad.

Confinamiento y Acceso Humanitario:

Desde enero de 2013, OCHA y los Equipo Humanitario Locales (EHL) iniciaron un ejercicio de seguimiento y monitoreo de limitaciones al acceso humanitario y confinamiento . En Córdoba, se han identificado situaciones crónicas que afectan en particular a poblaciones en los municipios del sur del departamento: San Jose de Uré, Tierralta, Montelíbano, y Puerto Libertador. En estas zonas, al menos 30.000 personas en su mayoría indígenas, han visto limitada su movilidad por el riesgo de contaminación por MAP, presencia permanente de grupos armados no estatales y GAPD que intimidan e imponen limitaciones de movimiento a la población y de bienes e insumos. Estas situaciones afectan significativamente la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades. En 2014, la disminución del nivel de los ríos por la temporada seca, impide la navegación por varios ríos limitando el acceso a comunidades indígenas remotas. Esta limitación, sumada a la posible presencia de MAP en la zona, ha implicado retrasos importantes en la operación humanitaria.

Violencia Sexual Basada en Género (VSBG):

La violencia sexual es empleada de manera sistemática y generalizada por los grupos armados no estatales y GAPD. El EHL ha recibido reportes de situaciones de violencia sexual contra niñas y mujeres atribuidos a las FARC-EP y a GAPD, en los municipios de Tierralta, Montelíbano, La Apartada, Planeta Rica, Valencia y Puerto Libertador. Los GAPD han sido acusados de cometer actos de violencia sexual, y de crear y controlar redes de explotación sexual y tráfico de personas.La ausencia de cifras fiables sobre esta problemática, es en parte consecuencia de la falta de denuncia por parte de las víctimas por temor y falta de garantías en cuanto a protección, desconfianza en los agentes estatales, y en muchas ocasiones por desconocimiento de rutas de denuncia y atención.

Desastres naturales:

Según las cifras reportadas por la UNGRD , en 2013resultaron afectadas 29.651 personas por desastres naturales, principalmente por inundaciones, avalanchas y vendavales. El departamento es propenso a inundaciones y a temporadas de sequía por las altas temperaturas, a pesar de la previsibilidad de estos eventos, son recurrentes las afectaciones en varias zonas del departamento, señalando la necesidad de acciones efectivas de preparación, prevención y operativización de planes de contingencia, además de la atención a las emergencias. Es de especial preocupación la situación del municipio de Ayapel, desde la temporada de lluvias de 2009-2010 parte del municipio permanece inundado y cerca de 2.000 familias aún no han tenido respuesta definitiva a esta afectación.

COORDINACIÓN

• El EHL ha priorizado su acción y respuesta en zonas de difícil acceso, donde la presencia estatal es limitada, y en situaciones de emergencia generadas por el conflicto armado o desastres naturales. Actualmente, las acciones de organizaciones del EHL benefician a cerca de 300.000 personas en los municipios del sur de Córdoba y la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, que comparte la misma dinámica.Los objetivos principales del EHL para 2014, se concentran en:

1. Fortalecer la respuesta a las emergencias (Implementación de protocolos de respuesta, MIRA),
2. Priorización territorial y sectorial para fortalecer la acción integral
3. Fortalecer la comunicación y visibilización de la situación humanitaria
4. Fortalecer la coordinación con la institucionalidad implicada en la respuesta humanitaria (UARIV, SAT, Defensoría del Pueblo y autoridades locales).
   

• Prioridades de financiamiento:

1. Protección.
2. Educación en emergencias.
3. Seguridad Alimentaria y nutrición.
   

• Zonas priorizadas:

1. Resguardo EmberaKatío del Alto Sinú (todos los sectores).
2. Subregiones del San Jorge y del Alto Sinú (Educación en emergencia, SAN).
   

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Fecha de Actualización: Abril 2014

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