Plan de Acción Territorial
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Un Plan de Acción Territorial, de acuerdo al Artículo 174 de la Ley 1448 y el Artículo 254 del Decreto 4800 de 2011<ref>Decreto 4800 de 2011</ref>, contempla las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, los cuales deben ser elaborados por los departamentos, municipios y distritos para una vigencia de cuatro años en concordancia con los periodos de lo mandatarios locales, y deben guardar coherencia con el Plan Nacional de Atención a Víctimas y los Planes de Desarrollo Territorial.
Los PAT deben tener en cuenta para su formulación las herramientas de planeación, gestión y presupuestos territoriales dentro de las cuales se encuentran:
- el Marco Fiscal de Mediano Plazo,
- los Planes de Ordenamiento Territorial,
- los planes de agua, vivienda y los dirigidos a población en pobreza extrema,
Esto es decir, deben hacer parte de la apuesta de desarrollo social y local de las administraciones territoriales.
Así mismo el Decreto 4800 de 2011 contempla que los PAT, deben contener como mínimo la caracterización de las víctimas de las respectiva jurisdicción que incluya los diferentes hechos victimizantes, la asignación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de seguimiento y evaluación (metas e indicadores). Es importante en los procesos de formulación, implementación, asignación de presupuesto y seguimiento al Plan, diferenciar a las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, con el fin de cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de seguimiento.
En este sentido, los PAT son el principal instrumento para la implementación de programas, acciones y estrategias definidas en todos los niveles de gobierno. La adopción de los PAT para la prevención, atención, asistencia y reparación integral de todas las víctimas del conflicto armado por parte de las gobernaciones y alcaldías permite:
- coordinar acciones de diferentes instituciones de manera armónica;
- comprometer recursos fiscales, logísticos e institucionales y,
- definir los mecanismos de seguimiento que facilitarán la evaluación y la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances y las dificultades de las acciones implementadas.
Referencias
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