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Diferencia entre revisiones de «Chocó»

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<u>'''Datos Departamentales<sup>1</sup>:'''</u>  
<u>'''Datos Departamentales<sup>1</sup>:'''</u>  


•'''Gobernador:''' Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera.<br>•'''[http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Poblaci%C3%B3n Población]:'''&nbsp;505.016 / 73,61% [http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Afrocolombianos Afrocolombianos] / 11,36% [http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Ind%C3%ADgenas Indígenas]. (Proyectado 2017)(<sup>1</sup>)<br>'''• [http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano Índice de Desarrollo Humano (IDH)] ajustado por violencia y concentración:''' 0,731 (2010 / INDH) (<sup>2</sup>)<br>• '''[http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/PIB PIB] (PPP):''' US$3.354 millones. [http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/PIB#PIB_per_c.C3.A1pita PIB Per Cápita]: US$6.907 (2012) (<sup>1</sup>)<br>'''• [http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Coeficiente_de_GINI Coeficiente de GINI]:''' 0,616 (2013)(<sup>1</sup>)<br>'''• [http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/%C3%8Dndice_de_concentraci%C3%B3n_de_la_tierra Índice de concentración de la tierra]: '''0,85 (2011)(<sup>2</sup>)<br>'''• [http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Tasa_de_desempleo Tasa de desempleo]: '''11,22 (2013)(<sup>3</sup>)  
• '''Gobernador ''': Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera
 
• '''Población''': Total población 510.047 I
49.17% Cabecera; 50.83% Rural II
50.12% Hombres; 49.88% Mujeres III
73.61% Negro, Afrocolombiano; 11.36% Indígena; 4.67% sin pertenencia étnica (2005) IV


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'''<u>Indicadores Humanitarios:</u>'''''<b><br></b>''  
'''<u>Indicadores Humanitarios y de desarrollo:</u>'''''<b><br></b>''  


• '''Total acumulado [http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/PDI PDI]:''' 345593 (1985-2014)(4) / 119106 (1999-2013)(<sup>5</sup>)<br>•'''PDI 2013: 13.793 (4) Masivos OCHA:''' 3.1008)2014:6.669(4) / '''Masivos OCHA:''' 4568.(<sup>8</sup>)<br>• '''[http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Confinamiento Confinamiento]: '''3893 (2013) /19.070 (2014) (<sup>8</sup>)<br>• '''Víctimas MAP/MUSE:''' 117 (1996-2014)(<sup>6</sup>) / 40 (2014)(<sup>6</sup>)<br>• '''Eventos MAP/MUSE:''' Accidentes 4 (2013) / 13 (2014). Desminado, sospecha de campo minado: 28 (2013) / 30 (2014) (<sup>6</sup>)<br>• '''Personas bajo [http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Linea_de_pobreza línea de pobreza]: '''68.0% (2013)(<sup>1</sup>)<br>• '''Personas bajo línea de indigencia (menos de US$1,25/ día):''' 40.7&nbsp;% (2013)(<sup>1</sup>)<br>• '''[http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Necesidades_b%C3%A1sicas_insatisfechas Necesidades básicas insatisfechas (NBI)]:''' 79&nbsp;% (a junio 2015)(<sup>1</sup>)<br>• '''[http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Tasa_de_mortalidad_infantil Tasa de mortalidad infantil]:''' 70,40 /1.000 nacidos vivos (2015)(<sup>1</sup>)<br>• '''Afectados por desastres naturales:''' 132.281 (2013)(7) / 65.830 (2014) (<sup>7</sup>)<br><br><br>
• '''[[Población desplazada]]:''' PDI individuales:  
5.314  (2008-2017); 656 (2015); 2.640 (2016) i
PDI masivos:  
38.804 (2009-2017) ii: 51.36% mujeres, 47.99% hombres, 0.62% sin información, 0.03% LGTBI iii; 7.137 (2016); 3.876 (2017) iv


|}
• '''[[Víctimas de Minas]]:''' '''Civil:''' 75 (1990-2017); 3 (2016) v; 1 (2017) vi
'''Fuerza Pública:''' 69 (1990-2017); 9 (2016); 0 (2017)
11.89% mujeres, 88,11% (1990-2017) vii


'''Chocó''' es uno de los treinta y dos [[Departamentos]] de [[Colombia]], localizado en el noroeste del país, en la región del Pacífico colombiano. Comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan. Su capital es la ciudad de [[Quibdó]].
'''[[Acceso y Confinamiento]]:''' 124 eventos (2013-2017); 42 (2016); 10 (2017)
75.727 afectados* (2013-2017); 17.158 (2016); 5.884 (2017) viii


• '''[[Desastres Naturales]]:''' 769.351 (2011-2017); 165.047 (2016); 1.245 (2017) ix


• '''[[Homicidios]]:''' 133 (2015)
173 (2016): 90.2% hombres, 9.8% mujeres x


== Mensajes Clave&nbsp;<br>  ==
• '''[[Amenazas]]:''' 129 eventos (2008-2017); 23 (2016); 13 (2017) xi
&nbsp;  
1. Es importante destacar la influencia histórica como negativa del conflicto armado en el departamento. En la actualidad, especialmente en los municipios Alto, Medio y Bajo Baudó; Bajo Atrato, Acandí, Unguía, Rosucio y Carmen del Darién se presentan diferentes problemáticas asociadas a desplazamiento forzado, minas antipersonales, minería ilegal y cultivos ilícitos. Además, se ha intensificado la presencia de acciones de Grupos Pos -desmovilización en el área urbana.


<br>
• '''[[Ataques contra la población civil]]:''' 349 eventos (2008-2016); 54 (2016); 22 (2017) xii
2. Los principales factores que obstruyen el desarrollo y afectan la integridad de la población están relacionados con  un alto nivel de pobreza y de Necesidades Básicas Insatisfechas pese a su amplia riqueza natural. Por su parte, el conflicto armado que afecta a 384.428 habitantes en el  departamento y la minería ilegal que está asociada a la presencia de grupos al margen de la ley y ha ocasionado un sinnúmero de desastres ambientales en la zona rural y selvas vírgenes.


<br>
• '''[[Acciones Bélicas]]:''' 333 eventos (2008-2016); 40 (2016); 15 (2017) xiii
3. Las prioridades humanitarias en el departamento están relacionadas con las consecuencias del conflicto armado como el desplazamiento, reclutamiento forzado, afectación por MAP/MUSE, restricciones a la movilidad, confinamiento, amenazas y homicidio de líderes y representantes de organizaciones étnicas. Persisten problemas estructurales, como mortalidad infantil por deficiente acceso a servicios de salud y conflictos ambientales sumado a las amenazas a líderes y comunidades por los intereses legales e ilegales para la obtención de rentas producto de la explotación de recursos naturales, principalmente de actividades mineras en los territorios étnicos, en un contexto con dificultades para la prevención y atención inmediata por emergencias causadas por desastres de origen natural.


== Contexto humanitario y retos ==
• '''[[Pobreza por ingresos]]:''' 62.8% (2015); 59.8% (2016) xiv


==== Mensajes clave  ====
• '''[[Cobertura educación media]]:''' 56.2% (2013); 64.9% (2014) xv


El departamento del Chocó ha sido históricamente afectado por el conflicto armado y los desastres de origen natural. Aunque su población equivale sólo al 1 por ciento del total nacional, en el 2016, la violencia por el conflicto armado (acciones bélicas, ataques a la población civil, uso de explosiva) ubica al departamento en el primer lugar en el número de personas desplazadas masivamente de manera forzada43 y el octavo por el número de afectados por restricciones a la movilidad. Igualmente, en el 2015 ocupó el segundo lugar por afectados por desastres de origen natural (70.487 personas), según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD. Estas circunstancias deterioraran la situación de la población ya vulnerable, pues el 62,8% en 201544 de los habitantes vivían bajo la línea de pobreza sin acceso a servicios básicos y con necesidades básicas insatisfechas.
'''[[Mortalidad Infantil]]:''' 42.8 (2013), 43.3 (2014) por cada 1.000 nacidos vivos xvi
• La confrontación entre la Fuerza Pública y los grupos armados no estatales-GANE-, la presencia de MAP/MUSE y el ingreso y fortalecimiento de grupos armados post desmovilización-GAPD- están causando graves consecuencias humanitarias como desplazamientos, inseguridad alimentaria por restricciones a la movilidad que afectan en especial a las comunidades indígenas que sufren constantes riesgos de atentados, amenazas y presiones de los actores armados por el control territorial.
• Las prioridades humanitarias en el departamento están relacionadas con las consecuencias del conflicto armado como el desplazamiento, reclutamiento forzado, afectación por MAP/MUSE, restricciones a la movilidad, confinamiento, amenazas y homicidio de líderes y representantes de organizaciones étnicas. Existen problemas estructurales como la mortalidad infantil por deficiente acceso a servicios de salud, conflictos ambientales como las amenazas por los intereses legales e ilegales para la obtención de rentas producto de la explotación de recursos naturales, principalmente actividades mineras en los territorios étnicos. Además se presentan dificultades para la prevención y atención inmediata por emergencias causadas por desastres de origen natural.


==== 1. Desplazamiento forzado  ====
• '''[[Desempleo]]:''' 15.1%: 10.7% hombres, 20.3% mujeres (2015); 17.5% (2016) xvii
|}
El Departamento de Chocó se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de [[Colombia]], bañado por los océanos [[Atlántico]] y [[Pacífico]]. Limita al norte con la República de [[Panamá]] y el mar Caribe; por el este con los departamentos de [[Antioquia]], [[Risaralda]] y [[Valle del Cauca]]; por el sur con Valle de Cauca; y por el oeste con el océano Pacífico. Tiene una extensión de 46.530 km2, distribuidos en 30 municipios.


Las comunidades indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos se ubican en territorios dispersos, alejados de las cabeceras y vulnerables a los desastres de origen natural, y enfrentan limitaciones a servicios esenciales y a la atención humanitaria inmediata. Los indígenas del Chocó equivalen al 12,7% del total de la población, e incluye a las etnias: Embera Chamí, Embera Dóvida, Embera Katío, Embera Eyábida, Wounaan y Tule. A pesar de ser minoría, desde el 2013, OCHA las ha reportado como la población con más riesgo de desplazamiento. En los 20 eventos de desplazamiento de 2016, esta población representó el 65% de las víctimas y, en el primer semestre de ese año, representaron el 61% de las víctimas de restricciones a la movilidad con 4.496 afectados. La presencia de actores armados, minas antipersonal o municiones sin explotar/MAP-MUSE y cultivos de uso ilícito inciden negativamente en su calidad de vida. Según el Auto de la Corte Constitucional 004/2009, todos los pueblos indígenas del Chocó están en peligro de exterminio cultural o físico por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de graves violaciones al DIH y a sus derechos fundamentales individuales y colectivos. Por otro lado, la estructura organizativa de los consejos comunitarios afrocolombianos se ha debilitado por las amenazas y asesinatos a líderes, por los desplazamientos, la explotación minera legal e ilegal, la presencia de cultivos de uso ilícito, ausencia o manipulación de los procesos de consulta previa para favorecer intereses de particulares y el riesgo de reclutamiento. Al encontrarse en las riberas, esta población es la principal damnificada por lluvias o inundaciones. El ELC trabaja desde el Grupo Temático de Protección en acciones conjuntas para el fortalecimiento organizativo y garantías de protección para los líderes y las comunidades, así como el seguimiento al Auto 005/2009.


==== 2. Minas antipersonal (MAP) y explosivos remanentes de guerra (ERG)  ====
== Mensajes Clave&nbsp;<br>  ==
 
&nbsp;
En el 2016, hubo 2 incidentes de MAP en los municipios de Nuquí y Bajo Baudó que dejaron 4 víctimas civiles, según UMAIC; todos ellos indígenas Emberá: una niña de 6 años fallecida y otros dos menores de edad heridos. Además de esto, también se presentaron 9 víctimas en la Fuerza Pública, según DAIMA, aunque UMAIC sólo reportó la afectación de un soldado. Es importante señalar que las poblaciones del río Baudó, Medio Atrato y de Riosucio reportaron contaminación con minas y otros artefactos explosivos como estrategia de combate entre los grupos armados no estatales y en las zonas rurales persiste un riesgo latente por campos minados, donde los artefactos se usan también para resguardar cultivos ilícitos, rutas de narcotráfico e incluso minería ilegal48. Este tipo de artefactos explosivos continúan afectando a la población civil y vulnerando sus derechos en la medida que impiden la libre movilidad y tránsito por el territorio, afectan el ejercicio del derecho a la educación, salud o acceso a bienes y servicios, y representan un riesgo para los civiles. El Equipo Local de Coordinación (ELC) ha señalado que, aunque las víctimas civiles han recibido asistencia en salud, todavía hay vacíos en la atención en rehabilitación y recuperación psicosocial.
1. La [[crisis humanitaria]], económica y social que se agudiza en Chocó implica un importante reto de coordinación entre instituciones gubernamentales, [[Organizaciones Étnico Territoriales]] (OET) y de cooperación, con el fin de redoblar esfuerzos y complementar las acciones que permitan superar las afectaciones a las comunidades, los territorios y el medio ambiente.
<br>
2. Los conflictos en el territorio sumados a las persistentes [[acciones bélicas]] y [[ataques contra la población civil]] en zonas rurales y, cada vez más, en urbanas, están profundizando una crisis humanitaria que se suponía sería superada en buena parte con la firma del [[acuerdo de paz con las FARC]]. Es necesario reforzar la presencia del [[Estado]] y fortalecer la capacidad de acción de las OET y las comunidades mismas.
<br>
3. La brecha entre el progreso promedio del país y el del Chocó es amplia. El departamento encabeza todos los indicadores que resaltan su estancamiento en desarrollo: pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna, violencia sexual y basada en género, desempleo, carencia de servicios públicos, inasistencia y deserción en educación, déficit de vivienda, precariedad del derecho a la salud, entre otros. Buscar la activación de la economía departamental, lejos de una base de [[economías extractivas]], es perentorio para sanar esa brecha y alcanzar indicadores acordes con los [[ODS]].  


==== 3. Niñez y conflicto armado y violencia sexual basada en género (VSBG)  ====
En el departamento se presentan los más altos índices de mortalidad materna e infantil del país. La razón de mortalidad materna es de 224 por cada 100.000 nacidos vivos, esto es, más de tres veces el promedio nacional (65,9). Existen casos críticos como Quibdó, Bagadó, Lloró, Riosucio, Medio San Juan, Unguía, Istmina y Alto Baudó, donde las dificultades de acceso a agua segura, servicios de salud y hábitos de higiene se agudizan con las temporadas de sequía. Históricamente tres periodos han caracterizado los fenómenos de reclutamiento forzado de niños y niñas saber: i) entre 2004 y 2011 donde se concentró cerca del 47% de los hechos, entre 1999 y 2002 donde se concentró un 10% de los hechos y entre 1993 y 1994 con un 8% de los incidentes. Este riesgo ha sido la causa de desplazamientos forzados de comunidades del Litoral de San Juan y Bajo Baudó entre 2014 y 2016. También persiste la vulnerabilidad de las escuelas frente al uso y ocupación de la Fuerza Pública y la ubicación de infraestructura militar en las cercanías de establecimientos educativos. Miembros del ELC han realizado incidencia con autoridades locales con el objetivo de implementar programas de atención en nutrición, educación en emergencias y protección. Esta incidencia ha permitido generar un plan de acción departamental para el sector de educación en emergencias y acciones intersectoriales para combatir la malaria en municipios críticos como Quibdó y Lloró.
==== 4. Comunidades étnicas  ====
Las comunidades indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos se ubican en territorios dispersos, alejados de las cabeceras y vulnerables a los desastres de origen natural, y enfrentan limitaciones a servicios esenciales y a la atención humanitaria inmediata. Los indígenas del Chocó equivalen al 12,7% del total de la población, e incluye a las etnias: Embera Chamí, Embera Dóvida, Embera Katío, Embera Eyábida, Wounaan y Tule. A pesar de ser minoría, desde el 2013 OCHA las ha reportado como la población con más riesgo de desplazamiento. En el primer semestre de 2016 representaron el 73% de las víctimas de desplazamiento masivo y, para ese mismo periodo, representaron el 61% de las víctimas de restricciones a la movilidad con 4.496 afectados según OCHA. La presencia de actores armados, minas antipersonal o municiones sin explotar/MAP-MUSE y cultivos de uso ilícito inciden negativamente en su calidad de vida. Según el Auto de la Corte Constitucional 004/2009, todos los pueblos indígenas del Chocó están en peligro de exterminio cultural o físico por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones al DIH y a sus derechos fundamentales individuales y colectivos. Por otro lado, la estructura organizativa de los consejos comunitarios afrocolombianos se ha debilitado por las amenazas y asesinatos a líderes, por los desplazamientos, la explotación minera legal e ilegal, la presencia de cultivos ilícitos, ausencia o manipulación de los procesos de consulta previa para favorecer intereses de particulares y el riesgo de reclutamiento. Al encontrarse en las riberas, esta población es la principal damnificada por lluvias o inundaciones. El ELC trabaja desde el Grupo Temático de Protección en acciones conjuntas para el fortalecimiento organizativo y garantías de protección para los líderes y las comunidades, así como el seguimiento al Auto 005/2009. A su vez, se ha promovido respuesta complementaria en las emergencias en sectores críticos como alimentación, salud, agua y saneamiento.
==== 5. Desastres naturales  ====
En el primer semestre de 2016 las principales amenazas de origen natural en el Chocó están relacionadas con inundaciones, vendavales y deslizamientos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad reporta que cerca de 13.629 personas han resultado damnificadas, especialmente en los municipios de Quibdó, Ungía, Medio Baudó y Bojayá, principalmente por inundaciones. El ELC ha trabajado en coordinación con el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGR) para la implementación de acciones de gestión y reducción del riesgo.


== Contexto en construcción de paz y retos  ==
== Contexto en construcción de paz y retos  ==
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==== Mensajes clave  ====
==== Mensajes clave  ====


El Departamento del Chocó, sufre una serie de problemáticas socioeconómicas, ambientales, culturales e institucionales sumado al fenómeno del conflicto armado, que se correlacionan entre sí, acrecentando las problemáticas de la región. Se padece una fuerte ausencia y exclusión estatal en este territorio. Además, por su ubicación geoestratégica se enfrenta a la presencia de todos los grupos al margen de la ley. <br>
Los enfrentamientos por el control territorial se hacen cada vez más comunes. En las zonas rurales, las disputas por las zonas que estaban bajo el control de las [[FARC]] (hasta su [[desmovilización]]) se han dado a través de [[incursiones]] y [[enfrentamientos]] de [[Grupos Armados No Estatales]] (GANE), generando afectaciones directas sobre las comunidades. De la misma manera, en las zonas urbanas la violencia perpetrada por GANE y [[bandas delincuenciales]] por el control del territorio ha incrementado, afectando a la población civil.
• Es importante destacar históricamente la influencia negativa del conflicto armado en el departamento, especialmente en las regiones Alto, Medio y Bajo Baudó; Bajo Atrato, Acandí, Unguía, Rosucio y Carmen del Darién en las cuales se presentan diferentes problemáticas de seguridad, tales como desplazamiento forzado, minas antipersonales  cultivos ilícitos. Además, se ha intensificado la presencia de acciones de Grupos Pos Desmovilización en el área urbana. <br>
• Es importante fortalecer las numerosas iniciativas de paz existentes en el departamento y los impulsos por concretar la implementación de los acuerdos en materia de [[derechos de las víctimas]], participación y promoción de derechos de las comunidades en mayor situación de [[vulnerabilidad]] como las mujeres, adolescentes y [[comunidades afro]] e [[indígenas]].
• El Departamento del Chocó a pesar de ser un territorio con gran capacidad de producción en el campo, ha enfrentado dificultades que obstaculizan el desarrollo rural; los suelos son aptos para agricultura y existen conflictos de uso en particular por los usos para ganadería y minería ilegal, principalmente de oro3. Los cultivos ilícitos han ganado terreno en las diferentes regiones del departamento y la deforestación emerge como uno de los graves daños ambientales dada la creciente explotación maderera. La minería ilegal, la presencia de grupos al margen de la ley y la seguridad alimentaria en el departamento son los retos a priorizar en la construcción de una paz sostenible.<br>
• Continúa siendo apremiante la inversión y la gestión más eficientes de las instituciones locales y nacionales en el territorio, con el fin de mejorar las [[condiciones de vida]] y garantizar la construcción de una paz con derechos. De la misma manera, es necesario que los gobiernos nacional y departamental escuchen las crecientes [[movilizaciones sociales]] y den respuesta a las exigencias que, en su totalidad, se enfocan en la conquista de derechos.


==== 1. Conflictos en el territorio ====
==== 1. Conflictos en el territorio ====


En el Departamento del Chocó las principales conflictividades territoriales están asociadas a: ''i)'' La debilidad de la presencia del Estado y del liderazgo político, étnico, comunitario y organizativo del departamento ligado a la falta de participación ciudadana en el territorio. ''ii)'' La falta de políticas públicas para mejorar la calidad de vida (mejoramiento de vivienda, servicios públicos y garantía de los derechos ciudadanos), así como la carencia de programas y proyectos acordes a las necesidades de la comunidad y ''iii)'' los esfuerzos y desafíos de recuperación del tejido social afectado por el conflicto armado reciente. El desarrollo de procesos extractivos y agroindustriales incide fuertemente en el territorio, la cultura y la biodiversidad, los monocultivos como la palma africana, la extracción de minería de forma ilegal, la legislación con débil capacidad de implementación y los elevados índices de morbimortalidad infantil. La alta vulnerabilidad ante desastres naturales, principalmente inundaciones, vendavales e incendios forestales son desafíos presentes en el territorio. <br>
Los conflictos del territorio chocoano tienen raíz en el aprovechamiento ilícito de su riqueza natural y su posición geo estratégica. El departamento se constituye como un corredor para el [[tráfico de estupefacientes]] y personas, desde el sur de la [[Región Pacífico]] hacia el norte, en su salida al Océano Atlántico. Las principales fuentes económicas son [[actividades extractivas]] ilegales: [[minerales]] (principalmente [[oro]]) y [[madera]]. Estas actividades han generado [[deforestación]], [[contaminación de fuentes hídricas]] y de alimentación, así como un arraigo de diversos grupos armados ilegales: guerrillas, grupos paramilitares y bandas delincuenciales. Desde la firma del [[Acuerdo de Paz con las FARC]], las disputas por los territorios dejados por esta guerrilla han ocasionado fuertes impactos violentos sobre las poblaciones en todo el departamento. Recientemente, ha incrementado el control de las zonas urbanas por parte de actores armados y criminales. La presencia estatal en el territorio es precaria, no hay reconocimiento de la institucionalidad nacional, departamental y municipal en las comunidades, y hay un fuerte cuestionamiento hacia su gestión administrativa. La falta de políticas públicas sólidas y compenetradas con la realidad del departamento dificulta la [[producción económica]] y de [[empleo]], la atención y prevención de frecuentes [[desastres naturales]], y el cumplimiento de los estándares internacionales mínimos en materia de vivienda, alimentación, [[agua potable]], acceso a la salud, [[protección]] y [[bienestar social]] y a educación de calidad.


==== 2. Derechos de las víctimas  ====
==== 2. Derechos de las víctimas  ====


Las cifras sobre víctimas por el conflicto armado en el Departamento del Chocó indican que el 77% de la población ha sido víctima por el conflicto armado (384.428 personas). El desplazamiento es el mayor hecho victimizante con 327.911 personas, es decir que el 64.9% de los chocoanos ha sido víctima del desplazamiento forzado. Los datos, según ocurrencia del hecho, indican que las mujeres han sido –por un pequeño margen- las más afectadas por este fenómeno. Por grupos etarios, de total de desplazados forzados, 16.698 han sido niños menores de 5 años; 29.228, niños y niñas entre 6 y 12 años; y 31.938, entre 13 y 17 años. Respecto a la pertenencia étnica, 91.877 fueron afrocolombianos y 15.183, indígenas. En 2016 se han presentado incidentes en los cuales al menos se ha registrado un civil muerto por MAP y se presentaron incidentes de hostigamientos y bloqueos de vías promovidos por grupos  armados pos desmovilización.
Las cifras sobre víctimas por el [[conflicto armado]] en el departamento del Chocó indican que, desde 1985, 449.845 personas han sido víctimas por el conflicto armado (50.9% mujeres, 48.3% hombres). El [[desplazamiento]] es el mayor [[hecho victimizante]] con 429.199 personas, seguido de la amenaza (15.055) y el homicidio (11.264). Según los datos registrados, las mujeres han sido las más afectadas por la [[pérdida de bienes e inmuebles]], desplazamiento, [[tortura]], [[delitos contra la integridad sexual]] y amenaza. Los hombres, en cambio, se han visto más damnificados por homicidio, [[desaparición forzada]], secuestro, actos terroristas y minas antipersona 3.  
Los principales problemas que enfrentan las víctimas para acceder a los [[derechos a la verdad, la justicia y la reparació]]n están relacionados con la ausencia de presencia estatal, la dificultad de coordinación entre instituciones gubernamentales, los altos costos que acarrean los procesos para éstas y las dificultades de acceso a los territorios. Las [[Organizaciones Étnico-Territoriales]] (OET) del departamento y otras organizaciones sociales, como el Comité de Víctimas, trabajan realizando incidencia con instituciones municipales, departamentales y nacionales, así como con vías de derecho y seguimiento a los procesos en busca de la garantía de dichos derechos. Cabe resaltar que en el departamento hay dos procesos emblemáticos en materia de [[reparación a víctimas]] del conflicto armado: [[Bojayá]] y el Resguardo Tahamí del [[Alto Andágueda]]. Aunque estos significan importantes avances, la labor institucional carece de perspectiva étnico-territorial y de género, no tiene en cuenta los procesos de consulta previa y manifiesta déficits de coordinación.


==== 3. Movilización social  ====
==== 3. Movilización social  ====


Se destaca la marcha de los pequeños mineros en abril del 2010, la gran movilización por el territorio de paz Belén de Bajirá y los bloqueos de la comunidad indígena por el reconocimiento de su calidad de víctimas del conflicto armado en 2015. En el paro cívico departamental del mes de agosto de 2016 fue visible por el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó pronunciándose entorno a demandas en materia de educación, infraestructura, salud, deportes, cultura, entre otros. Se desataca el movimiento “Baudosiando” liderado por el Foro inter-etnico solidaridad Choco-FISCH con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Red Departamental de Mujeres Chocoanas quienes, con el acompañamiento de ACNUR, ONU DDHH, PMA y OCHA, procuraron visibilizar la aguda crisis de derechos humanos en la región del Baudó. Se destacan asociaciones etno-territoriales tales como la Asociación Campesina Integral del Atrato - ACIA, la Asociación de Cabildos Indígenas Wounaan, Embera Dovida, Katío, Chamí y Tule -OREWA- y la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato -ASCOBA- en defensa de derechos ancestrales y medioambientales.
Las protestas y movilizaciones son uno de los medios de las comunidades para lograr compromisos por parte de las entidades estatales. En el último trimestre de 2016 y lo corrido del año 2017 se destacan las movilizaciones por el control territorial de [[Belén de Bajirá]], promovidas por el [[Comité Prodefensa de Belén de Bajirá]] y el [[Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó]] -realizadas en [[Bogotá]], [[Quibdó]] y [[Riosucio]]-; los bloqueos de vías por parte de comunidades indígenas en diferentes municipios, buscando reconocimiento de sus derechos fundamentales; la unión de las [[madres comunitarias]] del Chocó al paro nacional del mes de marzo de 2017; y el nuevo [[paro cívico]] convocado por el Comité Cívico para mayo de 2017, contra los incumplimientos del Gobierno Nacional en los acuerdos del [[paro cívico departamental de agosto de 2016]] en materia de [[vías]], empleo, [[servicios públicos]], salud, educación, cultura y deporte. Además, fueron importantes las movilizaciones y mítines por el [[cese bilateral y definitivo al fuego entre el Gobierno y las FARC]] a finales del 2016.


==== 4. Capacidad institucional y social  ====
==== 4. Capacidad institucional y social  ====


Según el índice departamental de transparencia para la vigencia 2013-2014, el departamento del Chocó obtiene un índice de 31 puntos, ubicándose en el lugar del nivel de riesgo de corrupción más alto del país. El reporte evalúa las variables de visibilidad (43.4), institucionalidad (19.2), control y sanción (34.3) el índice de transparencia departamental (31.3). En el departamento existen organizaciones étnico-territoriales y asociaciones que agremian a autoridades étnicas y a sectores poblacionales como Consejos Comunitarios Afrodescendientes Mayores y Locales, Organizaciones Indígenas Departamentales y sub regionales que, a su vez, agrupan a Resguardos y Cabildos del departamento, plataformas como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Red de Mujeres Chocoanas, asociaciones de jóvenes, asociaciones y organizaciones de población víctima. Muchas de estas organizaciones cuentan con pocos espacios de participación e interacción con la gobernación y las alcaldías, a pesar de ser también autoridades reconocidas en sus territorios de acuerdo a la Ley 70 de 1993 y respecto de los Cabildos y Resguardos Indígenas y de Consejos Comunitarios Afrodescendientes. Los espacios de interacción se limitan a los establecidos por leyes como la 1098 de Infancia y Adolescencia, el Consejo de Política Social y la 1448, Ley de Victimas y Restitución de Tierras; y a algunas reuniones de  los Comités Territoriales de Justicia Transicional y sus subcomités (prevención, protección, retornos y reubicaciones). La Mesa Departamental Indígena ha contado con el apoyo técnico constante de la Pastoral Indígena de la Pastoral Social de  la Diócesis de Quibdó. Se evidencia una carencia de política pública en el tema de mujer y género.
Una característica del departamento es su composición poblacional indígena y afrodecendiente, con identidad cultural propia y formas organizativas que, a pesar de estar amparadas por leyes nacionales e instrumentos internacionales de protección, tienen poco impacto en las instituciones del Estado. Las OET ([[consejos comunitarios]] de afrodescendientes y [[asociaciones indígenas]]) tienen estructuras consolidadas a lo largo del territorio, pero no cuentan con capacidad fortalecida de ejercer control sobre las medidas que reglan las gestiones sobre éste.
En materia institucional la legitimidad, credibilidad y articulación con la sociedad son casi nulas. Según el [[Índice de Transparencia de las Entidades Públicas]] (ITEP) 2015-2016, Chocó es el departamento con mayor [[riesgo de corrupción]] en el país. En la capital, la situación es muestra de lo que pasa en el departamento: según los resultados de la encuesta  [http://www.quibdocomovamos.org/ Quibdó Cómo Vamos] de febrero de 2017, el 88% de los quibdoseños cree que la ciudad “va por mal camino”; mientras sólo el 9% tiene una visión favorable del alcalde en ejercicio y el 8% del [[Concejo]] de la ciudad.  


==== 5. Seguridad ciudadana  ====
==== 5. Seguridad ciudadana  ====


El Departamento cuenta con la fuerza de tarea conjunta TITAN- FTC TITAN con más de
El departamento cuenta con la Fuerza de Tarea conjunta TITAN- FTC, integrada por tropas de la Séptima División del [[Ejército]], un componente de la Fuerza Naval del Pacífico y unidades del Comando Aéreo de Combate No.5 de la [[Fuerza Aérea Colombiana]] (FAC); además, hace presencia la Brigada Fluvial de [[Infantería de Marina]] No.2 y la [[Policía Nacional]], esta última con estaciones en todos los municipios y corregimientos.
2.500 hombres. Está integrada por tropas de la Séptima División del Ejército, un componente de la Fuerza Naval del Pacífico y unidades del Comando Aéreo de Combate No.5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). La Policía Nacional cuenta con estaciones en todos los municipios y corregimientos. Los principales desafíos en materia de seguridad giran en torno a la presencia de Grupos Armados No Estatales, grupos armados pos desmovilización -Clan ÚSUGA – AGC, minería ilegal y cultivos ilícitos cercanas a 1741 hectáreas. Por otra parte, se han registrado aumentos de la tasa de violencia intrafamiliar de 77,5 (SUIN-ICBF2014) y una alta percepción de inseguridad en las zonas urbanas de las principales ciudades del departamento. La tasa de homicidios es de 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes y se ubica como una de las más bajas desde 2012.Un 19% de las personas menos que el año 2015 manifiestan haber sido objeto de hurto en contraste con un 38% menos en hurto a residencias en comparación con el año inmediatamente anterior. Solo en 2016 cerca de 40 casos de delitos sexuales se han presentado el departamento de 5860 reportados a nivel nacional.
Persisten amenazas y violencia efectiva contra las comunidades en virtud del contexto político. Disputas territoriales entre las [[AGC]] y el [[ELN]] han derivado en enfrentamientos, desplazamientos, homicidios, amenazas, restricciones a la movilidad y confinamientos, mantienendo la crisis humanitaria tanto en zonas rurales como en cabeceras municipales. Los municipios más afectados han sido [[El Litoral del San Juan]], [[Alto Baudó]], [[Lloró]] y [[Riosucio]]. En las principales ciudades, fenómenos de [[delincuencia]], [[homicidios selectivos]], extorsión a comerciantes y "limpieza social" se han tomado los entornos. Según la encuesta [http://www.quibdocomovamos.org/ Quibdó Cómo Vamos], sólo el 8% de los habitantes se siente seguro en la ciudad. La [[Iglesia Católica]] y [[Pastoral Social]] han encabezado la labor de promover la convivencia y la resolución pacífica de las diferencias mediante llamamientos públicos y programas en las zonas urbanas más afectadas.


==== 6. Iniciativas de posacuerdo ====
==== 6. Hechos de implementación de paz ====


El Departamento del Chocó, evidencia una voluntad política de paz a nivel institucional liderada por la Gobernación del Chocó y formalizada bajo la Resolución Departamental 2792 del 16 de septiembre de 2015. Mediante esta resolución se crea la Mesa técnica departamental de posconflicto y construcción de la paz, impulsada por una gran alianza por la paz y la reconciliación pactada en abril de 2016. La experiencia de su creación fue acompañada con la creación de la mesa subregional pacífico norte chocoano denominada “Territorio de Paz y Desarrollo Social, Cultural, Turístico y Ambiental”. Se han orientado los esfuerzos al fortalecimiento de los planes territoriales departamentales y municipales para desarrollar acciones transversales desde los diferentes sectores que permitan garantizar un escenario propicio para el desarrollo humano y económico de la región. Por su parte, basados en las ventajas y oportunidad que ofrece un contexto de paz, se han perfilado cuatro grandes retos de acción institucional: Autonomía alimentaria y  económica para la paz, seguridad y convivencia en paz, infraestructura vial para la paz y participación ciudadana para la construcción de la paz.13 Las organizaciones sociales y comunitarias, así como múltiples programas de la cooperación internacional, también han estado volcados a la construcción de paz, reconciliación y convivencia. En octubre de 2016 el plebiscito dirigido a aprobar los acuerdos alcanzados por el Gobierno Nacional y entre las Fuerzas Armadas de Colombia- Ejército del Pueblo - FARC-EP presentó un 80% de aprobación y un 20% de desaprobación.14 En el marco de las estrategias de implementación de los acuerdos de paz se plantea la posibilidad de la instalación de un campamento transitorio para el desarme en el municipio de Riosucio15.
Por resolución departamental, desde abril de 2016 está en funcionamiento la [[Mesa Técnica Departamental de Posconflicto y Construcción de Paz]], impulsada por la [[Gobernación]] y una alianza por la paz y la reconciliación. Por su parte, la [[Unidad Nacional de Protección]], en conjunto con la [[URT]], la Gobernación y ministerios, viene realizando Comités de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM, para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La [[UARIV]], la [[Fiscalía General]], [[Medicina Legal]], la [[Consejería Presidencial para los Derechos Humanos]] y [[ONU DDHH]] adelantan, junto al [[Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá]], el proceso de identificación, individualización y entrega digna de los restos mortales de quienes murieron el 2 de mayo de 2002 y los días siguientes en la [[masacre de Bojayá]]. Así mismo se está construyendo el Plan Integral de Reparación Colectiva para Bojayá y el resguardo Tahamí del Alto Andágueda. Desde la firma de los acuerdos, la [[Misión de la ONU en Colombia]] viene trabajando en conjunto con la totalidad de la [[Misión de Monitoreo y Verificación]] (MM&V) en dos [[Puntos Transitorios de Normalización]] (PTN): [[Florida]] (municipio de Riosucio), para los ex combatientes del Frente 57, y [[Vidrí]] (municipio de [[Vigía del Fuerte]], Antioquia, que tiene entrada por el [[río Atrato]]), para los frentes Aureliano Rodríguez y 34.


== Contexto de desarrollo sostenible y retos  ==
== Contexto de desarrollo sostenible y retos  ==
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==== Mensajes clave  ====
==== Mensajes clave  ====


El Departamento del Chocó presenta las mayores tasas de pobreza y pobreza extrema del país, aun cuando las autoridades competentes han realizado esfuerzos para disminuir los indicadores. Los municipios de Alto Baudó, Medio Atrato, Medio Baudó, Riosucio, Río Quito, Atrato, Bojayá, Juradó, Cértegui, Istmina, Tadó, Carmen Del Darién y Río Iro son los más afectados en términos de desigualdad en la distribución de los recursos.
La ausencia de producción económica y de generación de empleo, así como falta de [[educación]] y formación de calidad, imposibilitan la mejora en las [[condiciones de vida]] y perpetúan las condiciones de [[pobreza]]. Asimismo, el abandono estatal y la [[corrupción]] influyen en que persistan las deficientes condiciones estructurales de la salud, educación y vivienda, así como la continua situación de vulneración de derechos y falta de protección.
• Los principales factores que obstruyen el desarrollo y afectan la integridad de la población están relacionados con la debilidad del aparato productivo y el desempleo de allí derivado, alto nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas, conflicto armado que afecta a 384.428 habitantes y minería ilegal.
Es perentorio desarrollar políticas o estrategias -nacionales y locales-, claras y acordes con la realidad del departamento, que busquen avanzar en el desarrollo sostenible del departamento; así como también desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas y de auto-gestión de las Organizaciones Étnico Territoriales (OET) y las comunidades.
El clima húmedo y la diversidad de fauna y flora son características del departamento. Por esta razón, existen varias zonas de protección ambiental: Área Especial de Reserva Ecológica, tres Parques Nacionales Naturales de Colombia (Los Katios, Tatamá y Ensenada de Utría) y reservas forestales. Existen organizaciones dedicadas al control y vigilancia de dichas zonas como la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo-CODECHOCO-, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato -COCOMACIA- y el Instituto de Investigación Ambiental del Pacifico -IIAP-.
• El impacto de las intervenciones estatales y organizacionales ha sido de mediano y corto alcance. Es necesario un esfuerzo mayor para superar los retos que el departamento impone en materia de desarrollo, abogando por la superación del conflicto, la construcción de [[infraestructura vial]] y el cuidado de las [[riquezas naturales]], para fomentar el desarrollo rural e industrial y la equidad en el Chocó.  


==== 1. Pobreza  ====
==== 1. Pobreza  ====


La incidencia de pobreza monetaria para el departamento del Choco fue de 62,8% en 2015, una cifra muy por encima de la incidencia de la pobreza monetaria nacional, de 27,8% para 2015. Con respecto a la pobreza extrema, en el 2015 en Chocó fue 37,1% y a nivel nacional de 7,9%, lo cual quiere decir que para 2015 la pobreza extrema en Chocó superó en aproximadamente 29 puntos porcentuales el nivel nacional. Estas cifras son el reflejo de diferentes deficiencias bien sea en cobertura o calidad de servicios, seguido de dependencia económica, hacinamiento, e inasistencia institucional y gubernamental. Con respecto a la distribución de los ingresos, el índice de Gini del Chocó para 2014 y 2015 fue de 0,598. Estos indicadores son mayores a los calculados a nivel nacional. La pobreza ha sido perpetuada por los altos niveles de fecundidad en niveles elevados en el departamento. Para el período 2010-2015 las mujeres en Chocó tenían 3,63 hijos en promedio, mientras que, en Colombia el promedio equivale a 2,35. El índice de fecundidad en el departamento proyectado entre 2015 y 2020 y en edades entre los 15-19 años se acerca a un índice 0.086 respecto de un índice nacional de 0.073.
En 2016 Chocó se ubicó en el primer puesto del país en pobreza con el 59.8% de las personas bajo la [[Línea de Pobreza Monetaria]] y el 34.7% bajo de [[Pobreza Extrema]] ''4'', es decir que el 94.5% de la población tuvo condiciones paupérrimas de vida. De la misma manera, Quibdó fue la ciudad capital de Colombia con la mayor pobreza monetaria (49,2%), la mayor pobreza monetaria extrema (19,5%) y la mayor [[desigualdad]] ([[Coeficiente de Gini]] 0,536) ''5''. Las [[Necesidades Básicas Insatisfechas]] también son alarmantes (79%), teniendo mayor incidencia en las zonas urbanas (82%) que en las rurales (76,1%) ''6'' y casi triplicando el promedio nacional (27,7%). Estos indicadores se manifiestan en la [[desnutrición]], la [[mortalidad evitable]] de niños y adultos, la precariedad de las viviendas y el escaso acceso a servicios públicos.


==== 2. Mercado laboral  ====
==== 2. Mercado laboral  ====


El Departamento de Chocó presentó una tasa de desempleo del 11% en 2015, la cual se redujo en 1,4 puntos porcentuales con respecto a 2014 en donde fue de 12,4%. Durante 2014 y 2015, la tasa global de participación fue de 44,9% y 48,7%; este aumento de casi 4 puntos porcentuales se explica por un crecimiento de la tasa de personas en edad de trabajar, las cuales en su mayoría son individuos entre los 24 y 36 años de edad. Debido al nivel de desempleo existente, se presenta una baja remuneración de los factores (trabajo, capital), incompatibilidad de competencias, altos niveles de pobreza y un alto nivel de dependencia económica del jefe de hogar. La consecuencia del desempleo, la informalidad y la desocupación ha ocasionado una importante emigración de jóvenes en busca de mejores oportunidades: para el período 2010-2015, más de la mitad de las personas que se fueron de Chocó (55,6%) estaban entre los 15 y los 34 años.
La economía departamental se sustenta en [[minerales metalíferos]] (15.9%) y en la [[administración pública y defensa]] (15.5%). La [[producción agropecuaria]] y [[pesca]] aportan 7.7%; y la [[silvicultura]], 7.4%. En todas las ramas de actividad trabajan hombres y mujeres en [[condiciones laborales]] precarias y con remuneraciones bajas. En extracción minera ilegal se ha comprobado la [[participación laboral de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)]]. El [[Producto Interno Bruto]] (PIB) departamental está decreciendo desde 2012 y, para 2015, éste era sólo el 0.4% del PIB nacional ''7''. El [[PIB per cápita]] es de $5’832.564, el segundo más bajo del país ''8''. La concentración económica en extracción y [[servicios]] (77.2%) y la falta de producción agrícola e industrial dificultan la creación de empleos. A esto se suma la escasa capacitación y educación de calidad. Quibdó es la segunda capital con mayor desempleo del país en el primer trimestre de 2017 (16.9%) y su tasa de desocupación se ubicó en el 49.1% ''9''. El acceso al [[mercado laboral]] es más restringido para mujeres y jóvenes en el departamento, mientras la [[tasa de desempleo]] de hombres es de 6.6%, la femenina llega a 17.1% y la de jóvenes al 21.7%.


==== 3. Educación  ====
==== 3. Educación  ====


El Departamento del Chocó debe realizar gran un esfuerzo para lograr cerrar las brechas en materia de cobertura  en educación  media,  pues  según cifras  del Ministerio de Educación para 2014  se encontraban matriculados
El Informe sobre Crisis Humanitaria de la [[Defensoría del Pueblo]] (2014) señala que en Chocó el 20% de los chocoanos no cuenta con ningún nivel educativo; el 37.3% ha alcanzado el nivel de [[básica primaria]]; el 25.8%, [[secundaria]], y solo el 7.3%, [[nivel superior]] y posgrado; también que la [[tasa de analfabetismo]] en mayores de 15 años es del 20.9% y la [[asistencia escolar]] es del 58%. El reto de la [[deserción]] es bastante grande sobre todo en el nivel superior de la educación: la deserción escolar de 7.1%; mientras la de formación Técnica y Tecnológica, 34.6%; y de educación universitaria, 50.1% ''10''. En materia de calidad, el departamento se encuentra entre los últimos tres puestos de los resultados de las [[pruebas Saber]] 2016 ''11''. Algunas de las principales dificultades son la insuficiencia de inversión que se vive en todo el país; el desvío de los recursos educativos y, por ello, la falta de inversión en [[formación académica]] y pedagógica y en incentivos para docentes; la carencia de la familia en el proceso formativo de los estudiantes y la ausencia de una estrategia académica a largo plazo. Un reto importante es la conciliación de la [[etnoeducación]] teniendo en cuenta la composición afrocolombiana e indígena de la población.
144.159 niños y jóvenes en instituciones de carácter oficial y 2.511 en instituciones no oficiales. Sin embargo, cabe resaltar que en comparación con 2013 el número de matriculados aumentó en 5445 y 414 para instituciones de carácter oficial y privado respectivamente. La tasa de deserción intra-anual es del 7.45% donde los factores asociados a los efectos del conflicto armado y limitaciones para fortalecer la oferta institucional son problemáticas identificadas en primer orden en el departamento. La Secretaria de Educación administra la prestación del servicio de educación en 29 municipios no certificados de los 30 municipios del departamento y equivalente a 154 establecimientos educativos. En particular 38 centros educativos concentran población indígena y en 116 centros educativos a población afro.


==== 4. Salud  ====
==== 4. Salud  ====


Entre el periodo comprendido de 2010 a 2015, según cálculos del DANE, la tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos en Chocó fue de 70,4%, y se espera que para el período de 2015 a 2020 sea del 65%. La cobertura de vacunación para 2015 fue de 82,4%, mientras que en 2014 fue 85,8%, es decir, se produjo una disminución en la cobertura de vacunación de 3,4 puntos porcentuales según cifras del Ministerio de Salud. Esto es reflejo de que aún quedan muchos esfuerzos por parte de la Gobernación del departamento para generar mejor calidad en salud infantil. El sistema de salud en el departamento del Chocó, presenta diferentes inconvenientes que impiden su pleno desarrollo y se asocian a factores de déficit en infraestructura sin capacidad de atención en hospitales de primer nivel que contrasta con  los esfuerzos para readecuar siete (7) centros de salud en corregimientos como Winandó, Pacurita, Calahorra y Tutunendo entre otros. En 2015 el número de afiliados del régimen subsidiado en el departamento ascendía a 387.459 reflejando una reducción de cerca de un punto porcentual por año desde 2013.
En el departamento el sistema de salud se encuentra altamente afectado por la corrupción: el hospital departamental de segundo nivel se encuentra intervenido por malos manejos desde el año 2007 y, en 2016, la [[Superintendencia Nacional de Salud]] ordenó su liquidación. A pesar de ser el tercer sector con mayor inversión (en 2015 de 93.196 millones de pesos) ''12'' la situación del sistema es precaria. Las enfermedades prevenibles y curables deterioran la calidad de vida en las comunidades, los NNA son el grupo poblacional más afectado. La [[malnutrición]], las enfermedades parasitarias del tracto digestivo y, en las comunidades cercanas a las minas, las asociadas a la exposición a cianuro y mercurio son las afectaciones más frecuentes. Según el Análisis de Situación en Salud de 2015, Chocó tenía la [[Tasa de Mortalidad Perinatal]] más alta del país (24.99); una [[Tasa de Mortalidad en la Niñez]] de 30,26, la quinta más alta del país; una [[Razón de Mortalidad Materna]] que duplicaba la nacional (116.11); y una [[Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarréica Aguda]] en menores de 5 años que triplicaba la del país (10.59) ''13''. Según el [[DANE]] (2014), después de [[Amazonas]], Chocó es el departamento con mayor [[TMI]] (43.3). Por otro lado, es visible la crisis de la [[medicina tradicional]] de las comunidades afro e indígenas. El desplazamiento forzado y los homicidios a sabedores y sabedoras, Jaibanás, parteras y otros poseedores de saberes relacionados con la salud han diezmado la capacidad de autocuidado comunitario y han puesto en peligro la transmisión de estos conocimientos, parte fundamental de la identidad y [[acervo cultural]] de pueblos.


==== 5. Vivienda y servicios públicos  ====
==== 5. Vivienda y servicios públicos  ====


El Departamento del Chocó posee deficiencias de cobertura en vivienda y servicios públicos, tales como acueducto, alcantarillado y recolección de basuras. La cobertura de vivienda con servicio de acueducto en Quibdó en promedio en 2014 fue del 28% lo que representó un acceso al servicio de 7.150 usuarios de 23.500 esperados para 2015. La única fuente de suministro de agua potable es el rio Cabí que nace entre las poblaciones de Guadalupe y Tutunedo y enfrenta afectaciones por el vertimiento de cargas contaminantes provenientes de la minería extractiva, y vertimiento de aguas residuales. La cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado en Quibdó en 2014 fue de 12% lo que representó un acceso al servicio de 3.552 usuarios. La cobertura de vivienda con servicios de aseo en Quibdó fue de 88% equivalente a una prestación del servicio a 26.505 usuarios en 2014.
El [[déficit de vivienda]] refiere a necesidades insatisfechas en materia habitacional: en Chocó, el 84% de los hogares tiene déficit cualitativo o cuantitativo. En 2013 había un déficit de más de 80 mil viviendas en el departamento y de 23 mil en Quibdó ''14''. El informe de Crisis Humanitaria en Chocó de la Defensoría del Pueblo (2014) mostró que la cobertura de [[acueducto]] es de 22.5% y la de [[alcantarillado]] de 15.9%. A pesar de la [[pluviosidad]], el agua presenta contaminación por [[metales pesados]], eses, jabón y descomposición de residuos sólidos. En 11 de los 30 municipios aún no existe la [[energía eléctrica]]. La cobertura de [[Internet]] es de 2.8%. Familias desplazadas que se han instalado en las [[cabeceras municipales]], lo han hecho sin conexiones a [[servicios públicos]] y expuestas a [[inundaciones]] y [[enfermedades por vectores]].


==== 6. Sostenibilidad  ====
==== 6. Sostenibilidad  ====


El Departamento del Chocó cuenta con 12 áreas protegidas entre las que se cuentan distritos regionales de manejo integrado, parques nacionales y reservas forestales protectoras. En el departamento existen gran cantidad de especies vegetales y animales que, debido a su ubicación, condiciones topográficas y climáticas le permite ser el departamento con mayor biodiversidad del país. Una de cada diez especies de fauna y cerca de 8.524 especies de flora del mundo esta Colombia. Es preciso mencionar que la calidad jurídica del territorio en gran parte es de carácter colectivo y no predial. Las amenazas más significativas corresponden a: ''i)'' la destrucción del bosque por la tala selectiva de especies maderables para su aprovechamiento comercial; ''ii)'' la minería semi-industrial e industrial del oro y el platino; ''iii)'' la construcción de vías de penetración sin ninguna planificación, lo que ahuyenta las especies y iv)comercio ilegal de fauna silvestre. La desforestación producto de la actividad minera y la tala de árboles ocupa un 23% del territorio.
La mayor parte del territorio chocoano hace parte del [[ecosistema]] de [[bosque lluvioso tropical]]. Alberga tres [[Parques Nacionales Naturales]]: Los Katíos, Ensenada de Utría y Tatamá. Su riqueza natural no tiene la protección suficiente: está dentro de los 5 departamentos que concentran el 61% de la [[deforestación]] nacional aportando 10.353 ha en 2014 ''15'' y una cuarta parte del PIB departamental se sustenta en economías extractivas –registradas en las cuentas-: minería, tala de árboles y saqueo de animales endémicos vendidos como exóticos. Las [[multinacionales]] Exploraciones Chocó Colombia S.A.S. y AngloGold Ashanti S.A. son quienes ostentan la mayor cantidad de [[títulos mineros]] vigentes ''16''. La deforestación de las selvas ha mermado sustancialmente la [[capacidad de absorción del agua]], por lo que las inundaciones se presentan cada vez con más frecuencia y fuerza en las riberas de ríos y quebradas, causando pérdidas de vidas humanas, animales, cultivos y bienes. La totalidad de víctimas de desastres son comunidades indígenas y afrocolombianas. La escasa y débil presencia de la autoridad ambiental en el departamento, la presión ejercida en los recursos naturales por los grupos ilegales y delincuenciales han provocado una degradación ecológica que debilita la riqueza natural.  


==== 7. Perspectiva de género ====
==== 7. Cultura política ====


En el Chocó, los hogares con jefatura femenina representan el 33,9% del total de los hogares, de los cuales el 16,9% se encuentran en condiciones precarias y sus miembros pertenecen a la población desempleada. Esta cifra resulta alta en comparación con el resto del país donde la proporción de hogares con jefatura femenina sobre el resto de los hogares representa el 15,6%. La aguda situación de inequidad de género en las comunidades indígenas se suma a prácticas profundamente arraigadas como la mutilación genital femenina, el embarazo adolescente y en general las barreras para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, jóvenes y mujeres adultas.
La participación ciudadana se da en el marco de los [[consejos comunitarios afrodescendientes]] y las [[asociaciones indígenas]] que cubren todo el territorio, pero la falta de recursos y de reconocimiento institucional no permiten una incidencia fuerte ni un control real de la ciudadanía sobre los territorios y las decisiones. Los procesos organizativos de las mujeres son incipientes, tienen poco apoyo y la capacidad de incidencia política es menor. La [[abstención electoral]] es mayor en elecciones de orden nacional; como presidenciales (69.73%), del Congreso de la República (55.61%) y del Plebiscito sobre los Acuerdos de Paz (67.13%); que en las regionales y locales, en las cuales se ubica por debajo del promedio del país, entre el 37 y el 45% ''17''.  


==== 8. Concentración de la tierra y vocación  ====
==== 8. Concentración de la tierra y vocación  ====


La tierra en el departamento del Chocó presenta altos niveles de concentración, sobre todo en los municipios de Bahía Solano y Acandí, donde los coeficientes de Gini de concentración de tierras alcanzan el 0,96 y 0,73 respectivamente. El departamento de Chocó es de clima tropical y permite ser apto para la producción permanente y transitoria. Se reportó en 2014 la existencia de 1.741 hectáreas de cultivos ilícitos en el Chocó con mayor incidencia en municipios como Medio San Juan, Istmina, Bajo Baudó, Riosucio, Acandí, Unguía Medio Atrato.
El [[clima tropical]] del Chocó le permite ser apto para la producción permanente y transitoria. Pero problemas de calificación, aislamiento por falta de vías inter-departamentales e internas, deforestación, lluvias y cambios en las actividades productivas del campo por las extractivas han sido los principales obstáculos para el [[desarrollo rural]] en el Chocó. Desde 2015 los [[cultivos de coca]] han aumentado, en 2016 se reportó la existencia de ellos en 1.803 ha, siendo los municipios más afectados [[Itsmina]] y [[San José del Palmar]] ''18''. La Dirección Territorial de la [[URT]] adelanta cinco casos de [[restitución de tierras]] en 12 municipios ''19''.
 
== Contexto humanitario y retos ==
 
==== Mensajes clave  ====
 
• La [[situación humanitaria]] del departamento no se superó con la desmovilización de las [[FARC-EP]]. [[Incursiones]], presencia, [[amenazas]], [[enfrentamientos]] y [[combates]], [[homicidios]] y [[secuestros]] de [[Grupos Armados No Estatales]] (GANE) y [[Grupos Armados Post Desmovilizació]]n (GAPD) en diversos territorios han ocasionado más [[desplazamientos]] y [[restricciones a la movilidad]] en el último semestre 20 que todo el año 2015. [[El Litoral de San Juan]], [[Alto Baudó]], [[Lloró]] y [[Riosucio]] son los municipios más afectados. Las víctimas son [[comunidades indígenas]] y [[afrodescendientes]], siendo las mujeres, niñas y niños afectados de manera desproporcional ante estos hechos victimizantes.
• Es de resaltar la expansión y el crecimiento de GAPD hacia el norte y el sur del departamento. Sus acciones armadas por controlar el territorio y los negocios particulares o comunitarios mediante la [[extorsión]] han generado el 53.8% de los desplazamientos de los últimos 6 meses; además, han generado amenazas, secuestros, restricciones a la movilidad, [[reclutamiento de menores]], extorsiones, homicidios y miedo y zozobra en las comunidades. Riosucio, Lloró, la cuenca del [[río Baudó]], El Litoral de San Juan, [[Medio San Juan]] y [[Tadó]] son los municipios donde más hacen presencia.
• A pesar de que eventos de desplazamiento se dan una y otra vez en algunos municipios desde hace varios años, aún no existen medidas de prevención y respuesta sólidas y efectivas. Es un reto y una necesidad para las autoridades locales, departamentales y nacionales generar mecanismos de prevención, rutas de atención rápidas a emergencia y espacios adecuados de recepción ([[albergues]]) desde un [[enfoque diferencial]] de [[género]] y [[étnico]].
 
==== 1. Desplazamiento forzado  ====


== Financiamiento internacional para respuesta en el departamento ==
En el último semestre (octubre 2016 – marzo 2017), se presentaron 16 eventos de desplazamiento masivo, dejando como [[víctimas]] a 4.873 indígenas y afrocolombianos (con una distribución cercana al 50%-50%). El número de desplazados de estos 6 meses es el 156% de todos las víctimas de 2015. Sólo en el 44 % de los eventos se dispuso de [[albergues]] para las familias desplazadas. Los municipios más afectados fueron [[El Litoral de San Juan]] (1.826 víctimas), [[Riosucio]] (960) y [[Alto Baudó]] (602). Aunque no hay información desagregada para todos los eventos, se sabe que al menos 784 NNA se desplazaron. El 50% de los eventos se dio por [[combates]] o [[enfrentamientos]] en las comunidades 21, el 35.7% por [[homicidios selectivos]] y [[amenazas]] generales y los restantes (14.3%) por amenazas a líderes. Los G[[rupos Armados Post Desmovilización]] (GAPD) participaron en el 53.8% de los eventos, seguidos del [[ELN]] (46.1%) y las [[Fuerzas Militares]] (23.1%) en combates con otros actores armados ''22''. Se identifican capacidades limitadas de los entes responsables de responder a las emergencias y falta de medidas preventivas sólidas que eviten las desgracias recurrentes. Los [[retornos]] se dan, en diversas ocasiones, de manera espontánea, sin acompañamiento institucional integral y sin asegurar los principios de [[voluntariedad]], seguridad y dignidad.
 
==== 2. Minas Antipersonal (MAP) y explosivos Remanentes de Guerra (ERG)  ====


[[Archivo:FinanciamientoChocó.png|800px|thumb|center|Fuente: Área de Financiamiento Humanitario OCHA Fecha de corte: 25/07/2016]]
Entre 2016 y el primer trimestre de 2017, hubo tres incidentes de [[MAP]] en los municipios de [[Nuquí]], [[Bajo Baudó]] y [[Riosucio]]. En ellos, cinco civiles resultaron afectados, el 100% de ellos indígenas [[Emberá]] y el 80% menores de edad. Sólo uno de ellos falleció: una niña de 6 años. Además de esto, en este período se presentaron combatientes afectados: 4 de las [[AGC]] 23 y 9 de la [[Fuerza Pública]] ''24''. Otras comunidades de la cuenca del [[río Baudó]] y los municipios de [[Bojayá]] y [[Medio Atrato]] han reportado contaminación con minas y otros [[artefactos explosivos]] como estrategia de combate entre los grupos armados no estatales en sus territorios.


==== 3. Niños, Niñas, Adolescentes (NNA) en conflicto armado  ====


Los municipios [[El Litoral del San Juan]]; [[Bajo]], [[Medio]] y [[Alto Baudó]]; [[Istmina]]; [[Quibdó]]; [[Lloró]] y [[Riosucio]] son los casos más críticos frente a uso y [[reclutamiento forzado de NNA]]. Las [[Organizaciones Étnico Territoriales]] (OET) e instituciones educativas temen activar las rutas y denunciar las situaciones a las que NNA están expuestos. Aunque no hay cifras exactas sobre reclutamiento por parte de grupos armados, hasta diciembre de 2015, al menos 178 NNA habían ingresado a programas de protección del gobierno; y en 2016 se reportaron 12 casos de vinculación ''25''. Preocupa la presencia que GAPD y FFPP dentro de los establecimientos educativos y la ubicación de infraestructura militar en los alrededores. El [[ELC]] ha realizado incidencia con las autoridades locales, sus miembros implementan programas de atención en [[educación en emergencias]], [[WASH]], [[apoyo psicosocial]] y [[protección]] en grupo etario.


== Coordinación: Equipo Local de Coordinación ==
==== 4. Mujeres y Niñas ante la discriminación y Violencia Basada en Género (VBG)  ====


El Equipo Local de Coordinación (ELC) es uno de los más grandes de Colombia con 33 organizaciones activas: 11 agencias ONU, la Misión de de la ONU en Colombia, 12 ONG internacionales, 7 nacionales y 2 observadores. Se destaca la coordinación para generar atención integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales de respuesta en especial en los sectores de Agua, saneamiento e higiene, Seguridad alimentaria y nutrición, y Protección. Se promueve la interlocución con entes como la unidad de atención y reparación integral de victimas/UARIV y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados en la respuesta.
Según la Secretaría de Salud departamental (2015), las niñas entre los 10 y 15 años son las más afectadas por [[violencia sexual]]. Entre 2005 y 2013 la [[tasa de fecundidad]] para el Chocó en niñas de 10 a 14 años de edad aumentó de 2.71 a 3.14 niños por mujer. La falta de cifras desagregadas por sexo es uno de los obstáculos que imposibilitan la implementación de [[políticas públicas]] basadas en la realidad de las mujeres y niñas, así como acciones diferenciadas en la respuesta a sus necesidades humanitarias. La situación de inequidad de género en las comunidades indígenas merece especial atención, incluyendo el respeto por las [[prácticas culturales]] arraigadas como el [[embarazo infantil y adolescente]], y en general las barreras para la garantía de los [[derechos sexuales y reproductivos]] de niñas, jóvenes y mujeres adultas. Los hogares en Chocó con jefatura femenina corresponden al 40.4% en comparación con el 36.4% a nivel nacional 26; en un departamento en que el [[desempleo]] en mujeres es 10 puntos porcentuales mayor al de los hombres, esta situación las deja en mayor estado de vulnerabilidad frente a la explotación, abuso y discriminación por género. La Gobernación inició la formulación de la política pública de género con el respaldo de varios miembros del ELC. Según lideresas sociales, se está realizando de manera participativa, pero existen múltiples inquietudes sobre la partida presupuestal que se le asignará a la misma. Para 2017, el ELC priorizó como meta estratégica la incorporación del enfoque de género en todas sus acciones a través del Sub Grupo y el Punto Focal de Género del ELC.


==== 5. Comunidades étnicas  ====


En zonas rurales, la totalidad de las [[afectaciones humanitarias]] se dan en comunidades indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, el 100% de las víctimas de desplazamiento y restricciones a la movilidad en el semestre son de estas comunidades, así como el 100% de las víctimas civiles de [[MAP]] han sido indígenas. Adicionalmente, son los líderes y lideresas de estas comunidades quienes han sufrido amenazas, homicidios (1) y desplazamientos individuales (4) ''27''.


[[Archivo:CoordinaciónChocó.png|800px|center]]
==== 6. Confinamiento y Acceso Humanitario  ====


El [[confinamiento]] y las [[restricciones a la movilidad]] son consecuencia directa de la dinámica del [[conflicto armado]]. El confinamiento solo es considerado hecho victimizante a partir de febrero 2016 ''28'', por lo que no existen datos consolidados de cuántas personas se han visto afectadas por este hecho en los últimos años, a pesar de que las consecuencias pueden ser igual de graves que las del [[desplazamiento]]. A pesar de la dificultad de medición, se sabe que más de 5.884 personas han sido [[víctimas]] de restricciones a la movilidad en al menos 10 diferentes eventos durante 2017 ''29''. En la actualidad, todavía se dan vacíos en el registro de estos hechos, por lo que es necesario insistir en la importancia de una recolección rigurosa de los datos por parte de los organismos competentes. Las consecuencias que estos incidentes tienen en la población son, sobre todo, afectaciones a la [[seguridad alimentaria]] al no poder moverse para la [[caza]], [[pesca]] y [[cultivos]], así como también vulneración a [[derechos fundamentales]] como la [[salud]] y la [[educación]]. El propio carácter del confinamiento provoca dificultades en la atención y respuesta, respondiéndose de manera más tardía que en el caso del desplazamiento. Durante el primer trimestre de 2017, los municipios más afectados por este hecho fueron [[Lloró]], [[El Litoral de San Juan]] y [[Riosucio]] por las mismas razones que causaron los desplazamientos, sumadas a la presencia de [[MAP]].


==== 7. Desastres naturales  ====


----
Las principales amenazas de origen natural en Chocó están relacionadas con [[inundaciones]], [[vendavales]] y [[mar de leva]]; posicionándose entre los tres primeros departamentos más afectados por [[fenómenos naturales]] en el país. Esto sumado a las afectaciones por enfermedades transmitidas por vectores. En octubre de 2016, el [[desbordamiento]] de 24 ríos generó afectaciones a 22 de los 30 municipios. 76.225 personas (14.360 familias) damnificadas, al menos 5.500 niños y adolescentes se vieron obligados a interrumpir sus clases, 48 sedes educativas se vieron afectadas ''30''. Los municipios más afectados fueron [[Alto Baudó]], [[Nóvita]], [[Medio San Juan]], [[Lloró]] y [[Juradó]]. En respuesta a esta emergencia, el [[ELC]], en coordinación con las instituciones pertinentes, implementó acciones de gestión y reducción del riesgo a través de los componentes de [[agua y saneamiento básico]], [[apoyo psicosocial]], [[educación]] y [[protección]] con [[enfoque de género]].


==== 8. Frontera  ====


El departamento es usado como lugar de tránsito de las redes de tráfico de migrantes a través del [[Golfo de Urabá]], que buscan la salida del país hacia [[Panamá]] como paso para llegar a los [[Estados Unidos]]. En los últimos años se ha visto un aumento en el flujo ilegal de extranjeros, aunque por su clandestinidad es difícil obtener cifras certeras de cuántas personas, de dónde y en qué condiciones han utilizado este paso. Sin embargo, se sabe que [[Acandí]], el municipio más septentrional y frontera con Panamá, es el que recibe mayor número de migrantes de paso en el departamento. En mayo de 2016 la frontera con el vecino país fue cerrada para evitar esta situación. Según [http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/ Migración Colombia] el paso de personas es controlado por una mafia que cobra cientos de dólares por el trayecto. A menudo los migrantes mueren en el intento de cruzar. La atención y respuesta están relegadas al accionar de la [[Infantería de Marina]] y las autoridades de migración nacionales.


'''Fecha de Actualización: Febrero de 2017'''
== Financiamiento internacional para respuesta en el departamento ==


Para mayor información sobre este producto, contacte a:<br>
UMAIC Chocó
<br>Correo electrónico: choco@umaic.org
<br>Dirección: Calle 21 # 4-82, Barrio La Yesquita
<br>Teléfono: +57-4-6722377
<br>Oficina OCHA Quibdó


== Referencias  ==
[[Archivo:00WikiChoco1.PNG|800px|thumb|center|Fuente: Área de Financiamiento Humanitario OCHA Fecha de corte: 01/07/2017]]


<references />&nbsp;&nbsp;<sup>1</sup> Fuentes: (<sup>1</sup>) DANE. (<sup>2</sup>) PNUD – Cálculos INHD 2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares DANE. (<sup>3</sup>) DANE - BOLETIN DE PRENSA (Bogotá, D.C., 28 Febrero de 2013). (<sup>4</sup>) UARIV. (<sup>5</sup>) CODHES. (<sup>6</sup>) PAICMA. (<sup>7</sup>) SIGPAD. (<sup>8</sup>) OCHA SIDIH/Monitor.<br><sup>2</sup> Fuentes: Sistema de información 4W para cifras sobre el CERF, otros donantes, beneficiarios y sectores. Para cifras sobre el ERF se utilizan las bases de datos administradas por OCHA-Colombia. <br>
== Coordinación: Equipo Local de Coordinación ==


<sup>3</sup> En un evento de desplazamiento masivo 50 o más personas, o más de 10 familias, se desplazan por la misma causa.<br> <sup>4</sup> Fuente: OCHA/SIDIH-Monitor 2013.  
El Equipo Local de Coordinación (ELC) es uno de los más grandes de Colombia con 33 organizaciones activas: 11 [[agencias ONU]], la [[Misión de de la ONU en Colombia]], 12 [[ONG internacionales]], 7 [[ONG nacionales|nacionales]] y 2 observadores. Se destaca la coordinación para generar atención integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales de respuesta en especial en los sectores de [[Agua, saneamiento e higiene]], [[Seguridad alimentaria y nutrición]], y [[Protección]]. Se promueve la interlocución con entes como la unidad de atención y reparación integral de victimas/[[UARIV]] y el [[Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres]] (CDGRD) para facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados en la respuesta.


<sup>5</sup> Corte Constitucional. Auto N° 004 de 2009. Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.  
[[Archivo:00WikiChoco2.PNG|800px|center]]


<sup>6</sup> Entes de administración que ejercen la máxima autoridad administrativa interna – local, de los poblados de comunidades negras y con autonomía y funciones amplias en el manejo del territorio y sus recursos naturales.


<sup>7&nbsp;</sup>Ver wiki GTMI http://bit.ly/xtjcKk
----


<sup>8</sup>&nbsp;A Abril 2014.
'''Fecha de Actualización: Mayo de 2017'''


<br><br>  
Para mayor información sobre este producto, contacte a:<br>
UMAIC Chocó
<br>Correo electrónico: choco@umaic.org
<br>Dirección: Calle 21 # 4-82, Piso 1, Barrio La Yesquita
<br>Teléfono: +57-4-6722377
<br>Oficina OCHA Quibdó


== Enlaces Externas  ==
== Referencias ==
<references/>
1 Datos demográficos: I y II) DANE, Proyecciones de población por área 2017; III) DANE, Proyecciones de población por scxo 2017; IV) DANE, Censo 2005.
2 Datos humanitarios y de desarrollo y paz: i) SIDI con base en UARIV (corte a 01/02/2017); ii) Matriz de desplazamientos OCHA (corte a 31/03/2017); iii) UARIV, Registro Único de Víctimas (RUV)- Desplazamiento – Enfoque diferencial (corte a 01/02/17); iv y vi) SIDI – UMAIC (corte a 15/05/2017); v y vii) DAICMA Víctimas por MAP-MUSE (corte a 28/02/2017); viii) UMAIC, SIDI Eventos de restricción al acceso humanitario. *Importante aclarar que no es posible registrar número total de víctimas en estos eventos, por lo que la cifra dada es menor a la real (corte a 31/03/2017); ix) UNGRD, RUD; x) Medicina legal – Tablero de muertes externas; xi, xiiy xiii) UMAIC, SIDI (corte a 31/03/2017); xiv) Cálculos UMAIC con base en GEIH-DANE; xv) Ministerio de Educación, Estadísticas sectoriales (2014); xvi) DANE, EEVV - Visor de TMI (2014); xvii) DANE – Empleo y desempleo.
3 UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). Corte 01 marzo de 2017
4 Cálculos de UMAIC con base en DANE-GEIH.
5 DANE – Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia. 2016. En: https://goo.gl/6yGcqO
6 DNP. Finanzas Públicas de Chocó, 2015.En: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Choc%C3%B3%2015.pdf
7 El Tiempo. 2016. Las cifras que tienen indignado al Chocó. En: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/las-cifras-que-tienen-indignado-al-choco-28264
8 Cifras en pesos corrientes. DANE. Icer Chocó. 2015. En: https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Choco2015.pdf
9 DANE.Empleo y desempleo. 2017. En: http://dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_feb_17.pdf
10 Ministerio de Educación. Estadísticas de deserción escolar (https://goo.gl/ty3094) y en educación superior (https://goo.gl/BSuQIT)
11 El Tiempo. Resultados Pruebas Saber 2016. En: http://www.eltiempo.com/vida/educacion/resultados-pruebas-saber-11-2016-51010
12 DNP. Finanzas públicas de Chocó, 2015. En: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Choc%C3%B3%2015.pdf
13 Ministerio de Salud. ASIS, 2015. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2015.pdf
14 DNP. Desarrollo Territorial de Chocó, 2016. En: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Choco.pdf
15 El Espectador. 2016. En: http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/aumenta-16-tasa-de-deforestacion-colombia-articulo-600483
16 Tierra Digna. 2015. La Minería en clave de Derechos. Página 58. En: http://tierradigna.org/pdfs/LA%20MINERIA%20EN%20CHOCO_web.pdf
17 Incluye Alcaldía (37.26), Gobernación (37.98), Asamblea departamental (38.74) y JAL (44.63) – Registraduría Nacional, Resultados Históricos. 2017.
18 UNODC, Monitoreo de Territorios Afectados por los Cultivo Ilícitos, 2016, En http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/censos/OF02012016_monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2016.pdf
19 (4 en comunidades negras y 1 de indígenas). Por la particularidad étnica, el 93% del total del territorio es propiedad de las comunidades; el 3%, individual; y el 4%, del Estado.
20 Último trimestre de 2016 y primer trimestre de 2017 (octubre2016-marzo2017)
21 Enfrentamiento refiere a una confrontación armada entre grupos al margen de la ley. Combate, por su parte, a confrontación armada que incluye a las FFMM.
22 La suma de los actores perpetradores no da 100% dado que en un evento puede haber más de un actor causante.
23 Sistema Integrado de Información Transversal SIDI – UMAIC.
24 Víctimas de MAP/MUSE – DAICMA.
25 Reporte Único de Víctimas – UARIV. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
26 Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015
27 SIDI – UMAIC.
28 Resolución núm. 001711 de la UARIV, de 24 de febrero de 2016, por la cual se define el confinamiento como hecho victimizante en el marco de la Ley 1448.
29 SIDI – UMAIC (Corte a 31/03/2017)
30 Sala de Crisis Departamental – UNGRD (Octubre de 2016)


*[http://www.pacificocolombia.org/ Observatorio Pacífico y Territorio]
*[http://diocesisquibdo.org/ Diocesís de Quibdó]
*[http://www.salahumanitaria.co/es/search?search_api_views_fulltext=choc%C3%B3&Buscar=Buscar Documentos humanitarios sobre el Chocó]


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Datos Departamentales1:

Gobernador : Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera

Población: Total población 510.047 I 49.17% Cabecera; 50.83% Rural II 50.12% Hombres; 49.88% Mujeres III 73.61% Negro, Afrocolombiano; 11.36% Indígena; 4.67% sin pertenencia étnica (2005) IV

Indicadores Humanitarios y de desarrollo:

Población desplazada: PDI individuales: 5.314 (2008-2017); 656 (2015); 2.640 (2016) i PDI masivos: 38.804 (2009-2017) ii: 51.36% mujeres, 47.99% hombres, 0.62% sin información, 0.03% LGTBI iii; 7.137 (2016); 3.876 (2017) iv

Víctimas de Minas: Civil: 75 (1990-2017); 3 (2016) v; 1 (2017) vi Fuerza Pública: 69 (1990-2017); 9 (2016); 0 (2017) 11.89% mujeres, 88,11% (1990-2017) vii

Acceso y Confinamiento: 124 eventos (2013-2017); 42 (2016); 10 (2017) 75.727 afectados* (2013-2017); 17.158 (2016); 5.884 (2017) viii

Desastres Naturales: 769.351 (2011-2017); 165.047 (2016); 1.245 (2017) ix

Homicidios: 133 (2015) 173 (2016): 90.2% hombres, 9.8% mujeres x

Amenazas: 129 eventos (2008-2017); 23 (2016); 13 (2017) xi

Ataques contra la población civil: 349 eventos (2008-2016); 54 (2016); 22 (2017) xii

Acciones Bélicas: 333 eventos (2008-2016); 40 (2016); 15 (2017) xiii

Pobreza por ingresos: 62.8% (2015); 59.8% (2016) xiv

Cobertura educación media: 56.2% (2013); 64.9% (2014) xv

Mortalidad Infantil: 42.8 (2013), 43.3 (2014) por cada 1.000 nacidos vivos xvi

Desempleo: 15.1%: 10.7% hombres, 20.3% mujeres (2015); 17.5% (2016) xvii

El Departamento de Chocó se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de Colombia, bañado por los océanos Atlántico y Pacífico. Limita al norte con la República de Panamá y el mar Caribe; por el este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; por el sur con Valle de Cauca; y por el oeste con el océano Pacífico. Tiene una extensión de 46.530 km2, distribuidos en 30 municipios.


Mensajes Clave 

  1. La crisis humanitaria, económica y social que se agudiza en Chocó implica un importante reto de coordinación entre instituciones gubernamentales, Organizaciones Étnico Territoriales (OET) y de cooperación, con el fin de redoblar esfuerzos y complementar las acciones que permitan superar las afectaciones a las comunidades, los territorios y el medio ambiente.
2. Los conflictos en el territorio sumados a las persistentes acciones bélicas y ataques contra la población civil en zonas rurales y, cada vez más, en urbanas, están profundizando una crisis humanitaria que se suponía sería superada en buena parte con la firma del acuerdo de paz con las FARC. Es necesario reforzar la presencia del Estado y fortalecer la capacidad de acción de las OET y las comunidades mismas.
3. La brecha entre el progreso promedio del país y el del Chocó es amplia. El departamento encabeza todos los indicadores que resaltan su estancamiento en desarrollo: pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna, violencia sexual y basada en género, desempleo, carencia de servicios públicos, inasistencia y deserción en educación, déficit de vivienda, precariedad del derecho a la salud, entre otros. Buscar la activación de la economía departamental, lejos de una base de economías extractivas, es perentorio para sanar esa brecha y alcanzar indicadores acordes con los ODS.


Contexto en construcción de paz y retos

Mensajes clave

• Los enfrentamientos por el control territorial se hacen cada vez más comunes. En las zonas rurales, las disputas por las zonas que estaban bajo el control de las FARC (hasta su desmovilización) se han dado a través de incursiones y enfrentamientos de Grupos Armados No Estatales (GANE), generando afectaciones directas sobre las comunidades. De la misma manera, en las zonas urbanas la violencia perpetrada por GANE y bandas delincuenciales por el control del territorio ha incrementado, afectando a la población civil. • Es importante fortalecer las numerosas iniciativas de paz existentes en el departamento y los impulsos por concretar la implementación de los acuerdos en materia de derechos de las víctimas, participación y promoción de derechos de las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad como las mujeres, adolescentes y comunidades afro e indígenas. • Continúa siendo apremiante la inversión y la gestión más eficientes de las instituciones locales y nacionales en el territorio, con el fin de mejorar las condiciones de vida y garantizar la construcción de una paz con derechos. De la misma manera, es necesario que los gobiernos nacional y departamental escuchen las crecientes movilizaciones sociales y den respuesta a las exigencias que, en su totalidad, se enfocan en la conquista de derechos.

1. Conflictos en el territorio

Los conflictos del territorio chocoano tienen raíz en el aprovechamiento ilícito de su riqueza natural y su posición geo estratégica. El departamento se constituye como un corredor para el tráfico de estupefacientes y personas, desde el sur de la Región Pacífico hacia el norte, en su salida al Océano Atlántico. Las principales fuentes económicas son actividades extractivas ilegales: minerales (principalmente oro) y madera. Estas actividades han generado deforestación, contaminación de fuentes hídricas y de alimentación, así como un arraigo de diversos grupos armados ilegales: guerrillas, grupos paramilitares y bandas delincuenciales. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, las disputas por los territorios dejados por esta guerrilla han ocasionado fuertes impactos violentos sobre las poblaciones en todo el departamento. Recientemente, ha incrementado el control de las zonas urbanas por parte de actores armados y criminales. La presencia estatal en el territorio es precaria, no hay reconocimiento de la institucionalidad nacional, departamental y municipal en las comunidades, y hay un fuerte cuestionamiento hacia su gestión administrativa. La falta de políticas públicas sólidas y compenetradas con la realidad del departamento dificulta la producción económica y de empleo, la atención y prevención de frecuentes desastres naturales, y el cumplimiento de los estándares internacionales mínimos en materia de vivienda, alimentación, agua potable, acceso a la salud, protección y bienestar social y a educación de calidad.

2. Derechos de las víctimas

Las cifras sobre víctimas por el conflicto armado en el departamento del Chocó indican que, desde 1985, 449.845 personas han sido víctimas por el conflicto armado (50.9% mujeres, 48.3% hombres). El desplazamiento es el mayor hecho victimizante con 429.199 personas, seguido de la amenaza (15.055) y el homicidio (11.264). Según los datos registrados, las mujeres han sido las más afectadas por la pérdida de bienes e inmuebles, desplazamiento, tortura, delitos contra la integridad sexual y amenaza. Los hombres, en cambio, se han visto más damnificados por homicidio, desaparición forzada, secuestro, actos terroristas y minas antipersona 3. Los principales problemas que enfrentan las víctimas para acceder a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación están relacionados con la ausencia de presencia estatal, la dificultad de coordinación entre instituciones gubernamentales, los altos costos que acarrean los procesos para éstas y las dificultades de acceso a los territorios. Las Organizaciones Étnico-Territoriales (OET) del departamento y otras organizaciones sociales, como el Comité de Víctimas, trabajan realizando incidencia con instituciones municipales, departamentales y nacionales, así como con vías de derecho y seguimiento a los procesos en busca de la garantía de dichos derechos. Cabe resaltar que en el departamento hay dos procesos emblemáticos en materia de reparación a víctimas del conflicto armado: Bojayá y el Resguardo Tahamí del Alto Andágueda. Aunque estos significan importantes avances, la labor institucional carece de perspectiva étnico-territorial y de género, no tiene en cuenta los procesos de consulta previa y manifiesta déficits de coordinación.

3. Movilización social

Las protestas y movilizaciones son uno de los medios de las comunidades para lograr compromisos por parte de las entidades estatales. En el último trimestre de 2016 y lo corrido del año 2017 se destacan las movilizaciones por el control territorial de Belén de Bajirá, promovidas por el Comité Prodefensa de Belén de Bajirá y el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó -realizadas en Bogotá, Quibdó y Riosucio-; los bloqueos de vías por parte de comunidades indígenas en diferentes municipios, buscando reconocimiento de sus derechos fundamentales; la unión de las madres comunitarias del Chocó al paro nacional del mes de marzo de 2017; y el nuevo paro cívico convocado por el Comité Cívico para mayo de 2017, contra los incumplimientos del Gobierno Nacional en los acuerdos del paro cívico departamental de agosto de 2016 en materia de vías, empleo, servicios públicos, salud, educación, cultura y deporte. Además, fueron importantes las movilizaciones y mítines por el cese bilateral y definitivo al fuego entre el Gobierno y las FARC a finales del 2016.

4. Capacidad institucional y social

Una característica del departamento es su composición poblacional indígena y afrodecendiente, con identidad cultural propia y formas organizativas que, a pesar de estar amparadas por leyes nacionales e instrumentos internacionales de protección, tienen poco impacto en las instituciones del Estado. Las OET (consejos comunitarios de afrodescendientes y asociaciones indígenas) tienen estructuras consolidadas a lo largo del territorio, pero no cuentan con capacidad fortalecida de ejercer control sobre las medidas que reglan las gestiones sobre éste. En materia institucional la legitimidad, credibilidad y articulación con la sociedad son casi nulas. Según el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) 2015-2016, Chocó es el departamento con mayor riesgo de corrupción en el país. En la capital, la situación es muestra de lo que pasa en el departamento: según los resultados de la encuesta Quibdó Cómo Vamos de febrero de 2017, el 88% de los quibdoseños cree que la ciudad “va por mal camino”; mientras sólo el 9% tiene una visión favorable del alcalde en ejercicio y el 8% del Concejo de la ciudad.

5. Seguridad ciudadana

El departamento cuenta con la Fuerza de Tarea conjunta TITAN- FTC, integrada por tropas de la Séptima División del Ejército, un componente de la Fuerza Naval del Pacífico y unidades del Comando Aéreo de Combate No.5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC); además, hace presencia la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.2 y la Policía Nacional, esta última con estaciones en todos los municipios y corregimientos. Persisten amenazas y violencia efectiva contra las comunidades en virtud del contexto político. Disputas territoriales entre las AGC y el ELN han derivado en enfrentamientos, desplazamientos, homicidios, amenazas, restricciones a la movilidad y confinamientos, mantienendo la crisis humanitaria tanto en zonas rurales como en cabeceras municipales. Los municipios más afectados han sido El Litoral del San Juan, Alto Baudó, Lloró y Riosucio. En las principales ciudades, fenómenos de delincuencia, homicidios selectivos, extorsión a comerciantes y "limpieza social" se han tomado los entornos. Según la encuesta Quibdó Cómo Vamos, sólo el 8% de los habitantes se siente seguro en la ciudad. La Iglesia Católica y Pastoral Social han encabezado la labor de promover la convivencia y la resolución pacífica de las diferencias mediante llamamientos públicos y programas en las zonas urbanas más afectadas.

6. Hechos de implementación de paz

Por resolución departamental, desde abril de 2016 está en funcionamiento la Mesa Técnica Departamental de Posconflicto y Construcción de Paz, impulsada por la Gobernación y una alianza por la paz y la reconciliación. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección, en conjunto con la URT, la Gobernación y ministerios, viene realizando Comités de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM, para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La UARIV, la Fiscalía General, Medicina Legal, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y ONU DDHH adelantan, junto al Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, el proceso de identificación, individualización y entrega digna de los restos mortales de quienes murieron el 2 de mayo de 2002 y los días siguientes en la masacre de Bojayá. Así mismo se está construyendo el Plan Integral de Reparación Colectiva para Bojayá y el resguardo Tahamí del Alto Andágueda. Desde la firma de los acuerdos, la Misión de la ONU en Colombia viene trabajando en conjunto con la totalidad de la Misión de Monitoreo y Verificación (MM&V) en dos Puntos Transitorios de Normalización (PTN): Florida (municipio de Riosucio), para los ex combatientes del Frente 57, y Vidrí (municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, que tiene entrada por el río Atrato), para los frentes Aureliano Rodríguez y 34.

Contexto de desarrollo sostenible y retos

Mensajes clave

• La ausencia de producción económica y de generación de empleo, así como falta de educación y formación de calidad, imposibilitan la mejora en las condiciones de vida y perpetúan las condiciones de pobreza. Asimismo, el abandono estatal y la corrupción influyen en que persistan las deficientes condiciones estructurales de la salud, educación y vivienda, así como la continua situación de vulneración de derechos y falta de protección. • Es perentorio desarrollar políticas o estrategias -nacionales y locales-, claras y acordes con la realidad del departamento, que busquen avanzar en el desarrollo sostenible del departamento; así como también desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas y de auto-gestión de las Organizaciones Étnico Territoriales (OET) y las comunidades. • El impacto de las intervenciones estatales y organizacionales ha sido de mediano y corto alcance. Es necesario un esfuerzo mayor para superar los retos que el departamento impone en materia de desarrollo, abogando por la superación del conflicto, la construcción de infraestructura vial y el cuidado de las riquezas naturales, para fomentar el desarrollo rural e industrial y la equidad en el Chocó.

1. Pobreza

En 2016 Chocó se ubicó en el primer puesto del país en pobreza con el 59.8% de las personas bajo la Línea de Pobreza Monetaria y el 34.7% bajo de Pobreza Extrema 4, es decir que el 94.5% de la población tuvo condiciones paupérrimas de vida. De la misma manera, Quibdó fue la ciudad capital de Colombia con la mayor pobreza monetaria (49,2%), la mayor pobreza monetaria extrema (19,5%) y la mayor desigualdad (Coeficiente de Gini 0,536) 5. Las Necesidades Básicas Insatisfechas también son alarmantes (79%), teniendo mayor incidencia en las zonas urbanas (82%) que en las rurales (76,1%) 6 y casi triplicando el promedio nacional (27,7%). Estos indicadores se manifiestan en la desnutrición, la mortalidad evitable de niños y adultos, la precariedad de las viviendas y el escaso acceso a servicios públicos.

2. Mercado laboral

La economía departamental se sustenta en minerales metalíferos (15.9%) y en la administración pública y defensa (15.5%). La producción agropecuaria y pesca aportan 7.7%; y la silvicultura, 7.4%. En todas las ramas de actividad trabajan hombres y mujeres en condiciones laborales precarias y con remuneraciones bajas. En extracción minera ilegal se ha comprobado la participación laboral de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). El Producto Interno Bruto (PIB) departamental está decreciendo desde 2012 y, para 2015, éste era sólo el 0.4% del PIB nacional 7. El PIB per cápita es de $5’832.564, el segundo más bajo del país 8. La concentración económica en extracción y servicios (77.2%) y la falta de producción agrícola e industrial dificultan la creación de empleos. A esto se suma la escasa capacitación y educación de calidad. Quibdó es la segunda capital con mayor desempleo del país en el primer trimestre de 2017 (16.9%) y su tasa de desocupación se ubicó en el 49.1% 9. El acceso al mercado laboral es más restringido para mujeres y jóvenes en el departamento, mientras la tasa de desempleo de hombres es de 6.6%, la femenina llega a 17.1% y la de jóvenes al 21.7%.

3. Educación

El Informe sobre Crisis Humanitaria de la Defensoría del Pueblo (2014) señala que en Chocó el 20% de los chocoanos no cuenta con ningún nivel educativo; el 37.3% ha alcanzado el nivel de básica primaria; el 25.8%, secundaria, y solo el 7.3%, nivel superior y posgrado; también que la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años es del 20.9% y la asistencia escolar es del 58%. El reto de la deserción es bastante grande sobre todo en el nivel superior de la educación: la deserción escolar de 7.1%; mientras la de formación Técnica y Tecnológica, 34.6%; y de educación universitaria, 50.1% 10. En materia de calidad, el departamento se encuentra entre los últimos tres puestos de los resultados de las pruebas Saber 2016 11. Algunas de las principales dificultades son la insuficiencia de inversión que se vive en todo el país; el desvío de los recursos educativos y, por ello, la falta de inversión en formación académica y pedagógica y en incentivos para docentes; la carencia de la familia en el proceso formativo de los estudiantes y la ausencia de una estrategia académica a largo plazo. Un reto importante es la conciliación de la etnoeducación teniendo en cuenta la composición afrocolombiana e indígena de la población.

4. Salud

En el departamento el sistema de salud se encuentra altamente afectado por la corrupción: el hospital departamental de segundo nivel se encuentra intervenido por malos manejos desde el año 2007 y, en 2016, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó su liquidación. A pesar de ser el tercer sector con mayor inversión (en 2015 de 93.196 millones de pesos) 12 la situación del sistema es precaria. Las enfermedades prevenibles y curables deterioran la calidad de vida en las comunidades, los NNA son el grupo poblacional más afectado. La malnutrición, las enfermedades parasitarias del tracto digestivo y, en las comunidades cercanas a las minas, las asociadas a la exposición a cianuro y mercurio son las afectaciones más frecuentes. Según el Análisis de Situación en Salud de 2015, Chocó tenía la Tasa de Mortalidad Perinatal más alta del país (24.99); una Tasa de Mortalidad en la Niñez de 30,26, la quinta más alta del país; una Razón de Mortalidad Materna que duplicaba la nacional (116.11); y una Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarréica Aguda en menores de 5 años que triplicaba la del país (10.59) 13. Según el DANE (2014), después de Amazonas, Chocó es el departamento con mayor TMI (43.3). Por otro lado, es visible la crisis de la medicina tradicional de las comunidades afro e indígenas. El desplazamiento forzado y los homicidios a sabedores y sabedoras, Jaibanás, parteras y otros poseedores de saberes relacionados con la salud han diezmado la capacidad de autocuidado comunitario y han puesto en peligro la transmisión de estos conocimientos, parte fundamental de la identidad y acervo cultural de pueblos.

5. Vivienda y servicios públicos

El déficit de vivienda refiere a necesidades insatisfechas en materia habitacional: en Chocó, el 84% de los hogares tiene déficit cualitativo o cuantitativo. En 2013 había un déficit de más de 80 mil viviendas en el departamento y de 23 mil en Quibdó 14. El informe de Crisis Humanitaria en Chocó de la Defensoría del Pueblo (2014) mostró que la cobertura de acueducto es de 22.5% y la de alcantarillado de 15.9%. A pesar de la pluviosidad, el agua presenta contaminación por metales pesados, eses, jabón y descomposición de residuos sólidos. En 11 de los 30 municipios aún no existe la energía eléctrica. La cobertura de Internet es de 2.8%. Familias desplazadas que se han instalado en las cabeceras municipales, lo han hecho sin conexiones a servicios públicos y expuestas a inundaciones y enfermedades por vectores.

6. Sostenibilidad

La mayor parte del territorio chocoano hace parte del ecosistema de bosque lluvioso tropical. Alberga tres Parques Nacionales Naturales: Los Katíos, Ensenada de Utría y Tatamá. Su riqueza natural no tiene la protección suficiente: está dentro de los 5 departamentos que concentran el 61% de la deforestación nacional aportando 10.353 ha en 2014 15 y una cuarta parte del PIB departamental se sustenta en economías extractivas –registradas en las cuentas-: minería, tala de árboles y saqueo de animales endémicos vendidos como exóticos. Las multinacionales Exploraciones Chocó Colombia S.A.S. y AngloGold Ashanti S.A. son quienes ostentan la mayor cantidad de títulos mineros vigentes 16. La deforestación de las selvas ha mermado sustancialmente la capacidad de absorción del agua, por lo que las inundaciones se presentan cada vez con más frecuencia y fuerza en las riberas de ríos y quebradas, causando pérdidas de vidas humanas, animales, cultivos y bienes. La totalidad de víctimas de desastres son comunidades indígenas y afrocolombianas. La escasa y débil presencia de la autoridad ambiental en el departamento, la presión ejercida en los recursos naturales por los grupos ilegales y delincuenciales han provocado una degradación ecológica que debilita la riqueza natural.

7. Cultura política

La participación ciudadana se da en el marco de los consejos comunitarios afrodescendientes y las asociaciones indígenas que cubren todo el territorio, pero la falta de recursos y de reconocimiento institucional no permiten una incidencia fuerte ni un control real de la ciudadanía sobre los territorios y las decisiones. Los procesos organizativos de las mujeres son incipientes, tienen poco apoyo y la capacidad de incidencia política es menor. La abstención electoral es mayor en elecciones de orden nacional; como presidenciales (69.73%), del Congreso de la República (55.61%) y del Plebiscito sobre los Acuerdos de Paz (67.13%); que en las regionales y locales, en las cuales se ubica por debajo del promedio del país, entre el 37 y el 45% 17.

8. Concentración de la tierra y vocación

El clima tropical del Chocó le permite ser apto para la producción permanente y transitoria. Pero problemas de calificación, aislamiento por falta de vías inter-departamentales e internas, deforestación, lluvias y cambios en las actividades productivas del campo por las extractivas han sido los principales obstáculos para el desarrollo rural en el Chocó. Desde 2015 los cultivos de coca han aumentado, en 2016 se reportó la existencia de ellos en 1.803 ha, siendo los municipios más afectados Itsmina y San José del Palmar 18. La Dirección Territorial de la URT adelanta cinco casos de restitución de tierras en 12 municipios 19.

Contexto humanitario y retos

Mensajes clave

• La situación humanitaria del departamento no se superó con la desmovilización de las FARC-EP. Incursiones, presencia, amenazas, enfrentamientos y combates, homicidios y secuestros de Grupos Armados No Estatales (GANE) y Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) en diversos territorios han ocasionado más desplazamientos y restricciones a la movilidad en el último semestre 20 que todo el año 2015. El Litoral de San Juan, Alto Baudó, Lloró y Riosucio son los municipios más afectados. Las víctimas son comunidades indígenas y afrodescendientes, siendo las mujeres, niñas y niños afectados de manera desproporcional ante estos hechos victimizantes. • Es de resaltar la expansión y el crecimiento de GAPD hacia el norte y el sur del departamento. Sus acciones armadas por controlar el territorio y los negocios particulares o comunitarios mediante la extorsión han generado el 53.8% de los desplazamientos de los últimos 6 meses; además, han generado amenazas, secuestros, restricciones a la movilidad, reclutamiento de menores, extorsiones, homicidios y miedo y zozobra en las comunidades. Riosucio, Lloró, la cuenca del río Baudó, El Litoral de San Juan, Medio San Juan y Tadó son los municipios donde más hacen presencia. • A pesar de que eventos de desplazamiento se dan una y otra vez en algunos municipios desde hace varios años, aún no existen medidas de prevención y respuesta sólidas y efectivas. Es un reto y una necesidad para las autoridades locales, departamentales y nacionales generar mecanismos de prevención, rutas de atención rápidas a emergencia y espacios adecuados de recepción (albergues) desde un enfoque diferencial de género y étnico.

1. Desplazamiento forzado

En el último semestre (octubre 2016 – marzo 2017), se presentaron 16 eventos de desplazamiento masivo, dejando como víctimas a 4.873 indígenas y afrocolombianos (con una distribución cercana al 50%-50%). El número de desplazados de estos 6 meses es el 156% de todos las víctimas de 2015. Sólo en el 44 % de los eventos se dispuso de albergues para las familias desplazadas. Los municipios más afectados fueron El Litoral de San Juan (1.826 víctimas), Riosucio (960) y Alto Baudó (602). Aunque no hay información desagregada para todos los eventos, se sabe que al menos 784 NNA se desplazaron. El 50% de los eventos se dio por combates o enfrentamientos en las comunidades 21, el 35.7% por homicidios selectivos y amenazas generales y los restantes (14.3%) por amenazas a líderes. Los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) participaron en el 53.8% de los eventos, seguidos del ELN (46.1%) y las Fuerzas Militares (23.1%) en combates con otros actores armados 22. Se identifican capacidades limitadas de los entes responsables de responder a las emergencias y falta de medidas preventivas sólidas que eviten las desgracias recurrentes. Los retornos se dan, en diversas ocasiones, de manera espontánea, sin acompañamiento institucional integral y sin asegurar los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.

2. Minas Antipersonal (MAP) y explosivos Remanentes de Guerra (ERG)

Entre 2016 y el primer trimestre de 2017, hubo tres incidentes de MAP en los municipios de Nuquí, Bajo Baudó y Riosucio. En ellos, cinco civiles resultaron afectados, el 100% de ellos indígenas Emberá y el 80% menores de edad. Sólo uno de ellos falleció: una niña de 6 años. Además de esto, en este período se presentaron combatientes afectados: 4 de las AGC 23 y 9 de la Fuerza Pública 24. Otras comunidades de la cuenca del río Baudó y los municipios de Bojayá y Medio Atrato han reportado contaminación con minas y otros artefactos explosivos como estrategia de combate entre los grupos armados no estatales en sus territorios.

3. Niños, Niñas, Adolescentes (NNA) en conflicto armado

Los municipios El Litoral del San Juan; Bajo, Medio y Alto Baudó; Istmina; Quibdó; Lloró y Riosucio son los casos más críticos frente a uso y reclutamiento forzado de NNA. Las Organizaciones Étnico Territoriales (OET) e instituciones educativas temen activar las rutas y denunciar las situaciones a las que NNA están expuestos. Aunque no hay cifras exactas sobre reclutamiento por parte de grupos armados, hasta diciembre de 2015, al menos 178 NNA habían ingresado a programas de protección del gobierno; y en 2016 se reportaron 12 casos de vinculación 25. Preocupa la presencia que GAPD y FFPP dentro de los establecimientos educativos y la ubicación de infraestructura militar en los alrededores. El ELC ha realizado incidencia con las autoridades locales, sus miembros implementan programas de atención en educación en emergencias, WASH, apoyo psicosocial y protección en grupo etario.

4. Mujeres y Niñas ante la discriminación y Violencia Basada en Género (VBG)

Según la Secretaría de Salud departamental (2015), las niñas entre los 10 y 15 años son las más afectadas por violencia sexual. Entre 2005 y 2013 la tasa de fecundidad para el Chocó en niñas de 10 a 14 años de edad aumentó de 2.71 a 3.14 niños por mujer. La falta de cifras desagregadas por sexo es uno de los obstáculos que imposibilitan la implementación de políticas públicas basadas en la realidad de las mujeres y niñas, así como acciones diferenciadas en la respuesta a sus necesidades humanitarias. La situación de inequidad de género en las comunidades indígenas merece especial atención, incluyendo el respeto por las prácticas culturales arraigadas como el embarazo infantil y adolescente, y en general las barreras para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, jóvenes y mujeres adultas. Los hogares en Chocó con jefatura femenina corresponden al 40.4% en comparación con el 36.4% a nivel nacional 26; en un departamento en que el desempleo en mujeres es 10 puntos porcentuales mayor al de los hombres, esta situación las deja en mayor estado de vulnerabilidad frente a la explotación, abuso y discriminación por género. La Gobernación inició la formulación de la política pública de género con el respaldo de varios miembros del ELC. Según lideresas sociales, se está realizando de manera participativa, pero existen múltiples inquietudes sobre la partida presupuestal que se le asignará a la misma. Para 2017, el ELC priorizó como meta estratégica la incorporación del enfoque de género en todas sus acciones a través del Sub Grupo y el Punto Focal de Género del ELC.

5. Comunidades étnicas

En zonas rurales, la totalidad de las afectaciones humanitarias se dan en comunidades indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, el 100% de las víctimas de desplazamiento y restricciones a la movilidad en el semestre son de estas comunidades, así como el 100% de las víctimas civiles de MAP han sido indígenas. Adicionalmente, son los líderes y lideresas de estas comunidades quienes han sufrido amenazas, homicidios (1) y desplazamientos individuales (4) 27.

6. Confinamiento y Acceso Humanitario

El confinamiento y las restricciones a la movilidad son consecuencia directa de la dinámica del conflicto armado. El confinamiento solo es considerado hecho victimizante a partir de febrero 2016 28, por lo que no existen datos consolidados de cuántas personas se han visto afectadas por este hecho en los últimos años, a pesar de que las consecuencias pueden ser igual de graves que las del desplazamiento. A pesar de la dificultad de medición, se sabe que más de 5.884 personas han sido víctimas de restricciones a la movilidad en al menos 10 diferentes eventos durante 2017 29. En la actualidad, todavía se dan vacíos en el registro de estos hechos, por lo que es necesario insistir en la importancia de una recolección rigurosa de los datos por parte de los organismos competentes. Las consecuencias que estos incidentes tienen en la población son, sobre todo, afectaciones a la seguridad alimentaria al no poder moverse para la caza, pesca y cultivos, así como también vulneración a derechos fundamentales como la salud y la educación. El propio carácter del confinamiento provoca dificultades en la atención y respuesta, respondiéndose de manera más tardía que en el caso del desplazamiento. Durante el primer trimestre de 2017, los municipios más afectados por este hecho fueron Lloró, El Litoral de San Juan y Riosucio por las mismas razones que causaron los desplazamientos, sumadas a la presencia de MAP.

7. Desastres naturales

Las principales amenazas de origen natural en Chocó están relacionadas con inundaciones, vendavales y mar de leva; posicionándose entre los tres primeros departamentos más afectados por fenómenos naturales en el país. Esto sumado a las afectaciones por enfermedades transmitidas por vectores. En octubre de 2016, el desbordamiento de 24 ríos generó afectaciones a 22 de los 30 municipios. 76.225 personas (14.360 familias) damnificadas, al menos 5.500 niños y adolescentes se vieron obligados a interrumpir sus clases, 48 sedes educativas se vieron afectadas 30. Los municipios más afectados fueron Alto Baudó, Nóvita, Medio San Juan, Lloró y Juradó. En respuesta a esta emergencia, el ELC, en coordinación con las instituciones pertinentes, implementó acciones de gestión y reducción del riesgo a través de los componentes de agua y saneamiento básico, apoyo psicosocial, educación y protección con enfoque de género.

8. Frontera

El departamento es usado como lugar de tránsito de las redes de tráfico de migrantes a través del Golfo de Urabá, que buscan la salida del país hacia Panamá como paso para llegar a los Estados Unidos. En los últimos años se ha visto un aumento en el flujo ilegal de extranjeros, aunque por su clandestinidad es difícil obtener cifras certeras de cuántas personas, de dónde y en qué condiciones han utilizado este paso. Sin embargo, se sabe que Acandí, el municipio más septentrional y frontera con Panamá, es el que recibe mayor número de migrantes de paso en el departamento. En mayo de 2016 la frontera con el vecino país fue cerrada para evitar esta situación. Según Migración Colombia el paso de personas es controlado por una mafia que cobra cientos de dólares por el trayecto. A menudo los migrantes mueren en el intento de cruzar. La atención y respuesta están relegadas al accionar de la Infantería de Marina y las autoridades de migración nacionales.

Financiamiento internacional para respuesta en el departamento

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Fuente: Área de Financiamiento Humanitario OCHA Fecha de corte: 01/07/2017

Coordinación: Equipo Local de Coordinación

El Equipo Local de Coordinación (ELC) es uno de los más grandes de Colombia con 33 organizaciones activas: 11 agencias ONU, la Misión de de la ONU en Colombia, 12 ONG internacionales, 7 nacionales y 2 observadores. Se destaca la coordinación para generar atención integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales de respuesta en especial en los sectores de Agua, saneamiento e higiene, Seguridad alimentaria y nutrición, y Protección. Se promueve la interlocución con entes como la unidad de atención y reparación integral de victimas/UARIV y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados en la respuesta.

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Fecha de Actualización: Mayo de 2017

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
UMAIC Chocó
Correo electrónico: choco@umaic.org
Dirección: Calle 21 # 4-82, Piso 1, Barrio La Yesquita
Teléfono: +57-4-6722377
Oficina OCHA Quibdó

Referencias

<references/>

1 Datos demográficos: I y II) DANE, Proyecciones de población por área 2017; III) DANE, Proyecciones de población por scxo 2017; IV) DANE, Censo 2005.
2 Datos humanitarios y de desarrollo y paz: i) SIDI con base en UARIV (corte a 01/02/2017); ii) Matriz de desplazamientos OCHA (corte a 31/03/2017); iii) UARIV, Registro Único de Víctimas (RUV)- Desplazamiento – Enfoque diferencial (corte a 01/02/17); iv y vi) SIDI – UMAIC (corte a 15/05/2017); v y vii) DAICMA Víctimas por MAP-MUSE (corte a 28/02/2017); viii) UMAIC, SIDI Eventos de restricción al acceso humanitario. *Importante aclarar que no es posible registrar número total de víctimas en estos eventos, por lo que la cifra dada es menor a la real (corte a 31/03/2017); ix) UNGRD, RUD; x) Medicina legal – Tablero de muertes externas; xi, xiiy xiii) UMAIC, SIDI (corte a 31/03/2017); xiv) Cálculos UMAIC con base en GEIH-DANE; xv) Ministerio de Educación, Estadísticas sectoriales (2014); xvi) DANE, EEVV - Visor de TMI (2014); xvii) DANE – Empleo y desempleo.
3 UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). Corte 01 marzo de 2017
4 Cálculos de UMAIC con base en DANE-GEIH.
5 DANE – Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia. 2016. En: https://goo.gl/6yGcqO
6 DNP. Finanzas Públicas de Chocó, 2015.En: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Choc%C3%B3%2015.pdf
7 El Tiempo. 2016. Las cifras que tienen indignado al Chocó. En: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/las-cifras-que-tienen-indignado-al-choco-28264
8 Cifras en pesos corrientes. DANE. Icer Chocó. 2015. En: https://www.dane.gov.co/files/icer/2015/ICER_Choco2015.pdf
9 DANE.Empleo y desempleo. 2017. En: http://dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_feb_17.pdf
10 Ministerio de Educación. Estadísticas de deserción escolar (https://goo.gl/ty3094) y en educación superior (https://goo.gl/BSuQIT)
11 El Tiempo. Resultados Pruebas Saber 2016. En: http://www.eltiempo.com/vida/educacion/resultados-pruebas-saber-11-2016-51010
12 DNP. Finanzas públicas de Chocó, 2015. En: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Choc%C3%B3%2015.pdf
13 Ministerio de Salud. ASIS, 2015. En: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2015.pdf
14 DNP. Desarrollo Territorial de Chocó, 2016. En: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Choco.pdf
15 El Espectador. 2016. En: http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/aumenta-16-tasa-de-deforestacion-colombia-articulo-600483
16 Tierra Digna. 2015. La Minería en clave de Derechos. Página 58. En: http://tierradigna.org/pdfs/LA%20MINERIA%20EN%20CHOCO_web.pdf
17 Incluye Alcaldía (37.26), Gobernación (37.98), Asamblea departamental (38.74) y JAL (44.63) – Registraduría Nacional, Resultados Históricos. 2017.
18 UNODC, Monitoreo de Territorios Afectados por los Cultivo Ilícitos, 2016, En http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/censos/OF02012016_monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2016.pdf 
19 (4 en comunidades negras y 1 de indígenas). Por la particularidad étnica, el 93% del total del territorio es propiedad de las comunidades; el 3%, individual; y el 4%, del Estado.
20 Último trimestre de 2016 y primer trimestre de 2017 (octubre2016-marzo2017)
21 Enfrentamiento refiere a una confrontación armada entre grupos al margen de la ley. Combate, por su parte, a confrontación armada que incluye a las FFMM.
22 La suma de los actores perpetradores no da 100% dado que en un evento puede haber más de un actor causante.
23 Sistema Integrado de Información Transversal SIDI – UMAIC.
24 Víctimas de MAP/MUSE – DAICMA.
25 Reporte Único de Víctimas – UARIV. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
26 Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015
27 SIDI – UMAIC.
28 Resolución núm. 001711 de la UARIV, de 24 de febrero de 2016, por la cual se define el confinamiento como hecho victimizante en el marco de la Ley 1448.
29 SIDI – UMAIC (Corte a 31/03/2017)
30 Sala de Crisis Departamental – UNGRD (Octubre de 2016)